Morena en Nuevo León ha presentado una denuncia contra el gobernador Samuel García, acusándolo de enriquecimiento ilícito y otros delitos por una supuesta triangulación de más de mil 400 millones de pesos. Esta situación plantea interrogantes sobre el manejo de los recursos públicos y su impacto en la vida diaria de los habitantes de la región.
El partido ha solicitado que se investigue minuciosamente el origen, los movimientos y el destino de estos fondos. René González Hernández, secretario general de Morena en el estado, enfatizó que esta investigación es crucial para comprender la ruta financiera implicada en este caso.
Para llevar a cabo esta labor, Morena ha pedido la colaboración de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que debe analizar la trazabilidad de los recursos. Asimismo, se busca que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) obtenga información de las cuentas de las personas y empresas relacionadas, además de solicitar al Servicio de Administración Tributaria (SAT) datos fiscales de las entidades mencionadas.
Por su parte, el senador Alejandro Murat Hinojosa ha subrayado otro aspecto relevante que requiere atención. Mencionó que, durante un juicio político, se identificó el flujo de pagos del Gobierno de Nuevo León hacia proveedores que, posteriormente, habrían transferido fondos a un despacho asociado con la familia de Samuel García.
La denuncia, que también involucra a Mariana Rodríguez Cantú, familiares del gobernador y funcionarios estatales como Miguel Ángel Flores Serna, fue presentada ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Nuevo León. Esta comunicación se enfoca en presuntos delitos como el enriquecimiento ilícito, peculado y ejercicios abusivos de funciones, que deberán ser investigados a fondo por las autoridades correspondientes.
Cabe recordar que el 26 de mayo pasado, Morena ya había denunciado a García y Rodríguez ante la Fiscalía General de la República, destacando las mismas preocupaciones sobre el manejo de recursos. La comunidad espera respuestas claras y acciones efectivas que garanticen la transparencia en la administración pública y el correcto uso de los fondos públicos.