Ulises Bravo Molina, exdirigente de Morena en Morelos y medio hermano del exgobernador Cuauhtémoc Blanco, ha sido nuevamente vinculado a proceso por violencia familiar. Esta decisión, emitida por la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de Morelos, revoca una resolución anterior que había dejado a Bravo fuera del proceso, lo que genera preocupación entre quienes siguen de cerca estos casos de violencia.
El exdirigente alega ser víctima de una persecución política. Mientras el procedimiento continúa, deberá presentarse periódicamente ante los tribunales como parte de las medidas cautelares impuestas, que incluyen firmar cada 15 días ante la autoridad judicial.
La resolución, que se conoció públicamente el 2 de julio, se deriva de una denuncia presentada en 2023 por Liu León Luna y ha pasado por varias instancias judiciales. En un primer momento, Bravo obtuvo un auto de no vinculación, pero esta decisión fue impugnada y el caso llegó a un Tribunal Colegiado, que ordenó la revisión del expediente.
El Tribunal dictó que existen pruebas suficientes para procesar nuevamente a Bravo por hechos presuntamente ocurridos el 14 de febrero de 2020 y el 24 de julio de 2023, conforme al artículo 202 Bis del Código Penal del Estado de Morelos. Es importante destacar que esta vinculación a proceso no implica culpabilidad, sino que permite que la investigación continúe.
El asesor jurídico de la víctima, Naúm Rodrigo Flores Mesa, mencionó que esta decisión es el resultado de un amparo que exigía una nueva evaluación de pruebas. Bravo había sido vinculado a proceso previamente, pero la determinación había sido impugnada hasta llegar a esta nueva resolución.
Además, la jueza a cargo del caso deberá convocar a una audiencia para determinar el plazo de la investigación complementaria, mientras que las medidas cautelares actuales seguirán vigentes. Ulises Bravo permanecerá en libertad mientras avanza la investigación.
Su equipo legal ha indicado que podrían impugnar la decisión en los términos que la ley permite. Tras el fallo, Bravo criticó la situación, argumentando que se trata de una persecución por razones políticas, en complicidad con el Gobierno de México.
En respuesta, la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, negó cualquier influencia en el proceso, subrayando que el asunto debe resolverse en los tribunales. Expresó que las afirmaciones de Bravo son asuntos personales con su exesposa, quien lo denunció por abuso físico en un contexto de violencia familiar.