La reciente declaración del Gobierno de Texas sobre la propiedad de nueve islas en el Río Bravo ha generado inquietud no solo en el ámbito político, sino también entre los ciudadanos que habitan en la frontera. La Oficina General de Tierras de Texas (GLO), liderada por la comisionada Dawn Buckingham, anunció que las islas, que suman aproximadamente 66 acres, son consideradas parte del estado debido a su ubicación respecto a la línea central del río. Esta decisión podría tener repercusiones en el control territorial entre los dos países y afectar la convivencia en comunidades fronterizas.
Aunque la medida se comunicó a través de redes sociales, la GLO no ha especificado cuáles son las islas en cuestión. La frontera entre México y Texas abarca cerca de 2,018 kilómetros, y cualquier cambio en su delimitación despierta preocupación entre quienes viven en la región. Buckingham explicó que la iniciativa busca permitir el ingreso de las autoridades de seguridad de Texas para prevenir el uso de estas islas por grupos del crimen organizado.
Desde México, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ha respondido indicando que la frontera no puede ser alterada por decisiones de gobiernos estatales. En una nota emitida, la cancillería recordó que el Tratado de Límites de 1970 establece que la frontera sigue el cauce del Rio Bravo. Esta medida busca garantizar la estabilidad y legalidad en la zona, asegurando que cualquier determinación sobre la pertenencia de las islas corresponde únicamente a la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA).
El gobierno de México también reafirmó que el tratado prohíbe cualquier construcción que pueda afectar el flujo del río sin el consentimiento de la CILA. Con esto, se garantiza que la soberanía y los derechos de las comunidades fronterizas sean respetados. La SRE seguirá de cerca cualquier acción relacionada con este asunto, reafirmando su compromiso con la defensa de los intereses nacionales y la protección de la población que habita en la zona.