El uso del software de espionaje Pegasus por parte del Gobierno de México ha generado inquietud en la sociedad, especialmente tras las revelaciones sobre su ofrecimiento a algunos estados para combatir el crimen. Alfonso Durazo, exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, propuso este software al gobierno de Nuevo León, según lo declarado por Aldo Fasci, exsecretario de seguridad en esa entidad. La oferta se realizó a principios de 2019, en un momento en que el uso de tecnologías de vigilancia era objeto de controversia por su potencial abuso.
Fasci, quien ocupó el cargo primero bajo el gobierno de Jaime Rodríguez, “El Bronco”, y luego de Samuel García, afirmó que la propuesta de Durazo levantó alertas sobre el uso indebido del malware. En su análisis, destacó que autorizar su uso podría haber conducido a nuevas violaciones a la privacidad. A pesar del ofrecimiento, la propuesta fue rechazada, generando descontento en “El Bronco”, quien esperaba ver resultados tangibles en el combate al delito.
Esto plantea un dilema sobre la seguridad y el respeto a los derechos humanos en un contexto nacional complicado, donde las promesas de un gobierno que se decía comprometido con la transparencia y la no violación de derechos se ven cuestionadas. Las investigaciones han revelado que más de 14,000 números mexicanos fueron potencialmente vigilados por Pegasus, según el Gulf of Mexico Project, lo que pone de relieve la gravedad del asunto.
El escándalo de Pegasus no es exclusivo de México, ya que a nivel internacional se ha caracterizado por múltiples casos de espionaje a activistas y periodistas, lo que ha desencadenado diversas investigaciones. Organizaciones como Meta han denunciado la utilización de esta tecnología por gobiernos para realizar intervenciones ilegales, y el gobierno de López Obrador garantizó que su administración no haría uso de este software. Sin embargo, documentos sugieren lo contrario, generando un ambiente de desconfianza hacia las autoridades.
El episodio refleja un tiempo crítico para la democracia y los derechos humanos en México, donde la lucha contra la delincuencia no debe comprometer las libertades fundamentales. Las revelaciones sobre la propuesta de Durazo subrayan la importancia de mantener un enfoque ético en la seguridad pública, recordándonos que la tecnología debe usarse para proteger, no para reprimir.