En un contexto alarmante, México ha registrado la pérdida de nueve periodistas en 2026, una situación que refleja una grave preocupación sobre la seguridad de quienes ejercen el periodismo en el país. Durante su visita, el director de Reporteros Sin Fronteras subrayó que las autoridades no están tomando las medidas adecuadas para resolver estos crímenes ni para proteger a los comunicadores. Esta realidad impacta no solo a las familias de las víctimas, sino también a la sociedad en su conjunto, ya que limita el acceso a información crítica en un país ya vulnerable.
La clasificación mundial de libertad de prensa coloca a México en la posición 122 de 150, un puesto que evidencia los desafíos a los que se enfrentan los trabajadores de los medios. En una conferencia reciente, su director, Thibaut Bruttin, comparó la situación en México con la de Gaza, describiendo al país como una de las “grandes tragedias del periodismo en el siglo XXI”.
Bruttin enfatizó que la violencia contra los periodistas no es solo un número en las estadísticas, sino vidas y relatos que han sido silenciados. Alertó sobre la necesidad urgente de una respuesta más contundente ante estos asesinatos, que a menudo son represalias por investigaciones sobre políticos y grupos criminales. El caso de Hamurabi Huesca Manzano, un periodista asesinado el 9 de octubre en Oaxaca, resalta esta problemática.
Desde la toma de posesión de la presidenta Claudia Sheinbaum en 2024, se han contabilizado 18 periodistas asesinados, con cero condenas en estos casos hasta la fecha. Esta falta de justicia alimenta una sensación de impunidad que repercute en la libertad de expresión, como lo señala Reporteros Sin Fronteras.
La representante de la organización en Latinoamérica, Bia Barbosa, hizo hincapié en la preocupante banalización de estos crímenes, lo que también refleja la desensibilización de la sociedad. Además de los asesinatos, se reportan 23 periodistas desaparecidos, cuya búsqueda se ve obstaculizada por una falta de registros en la fiscalía federal.
El informe destaca la necesidad de restaurar la efectividad de las instancias encargadas de proteger la libertad de prensa y señala la pérdida de fiscales y funcionarios especializados en el tema. A pesar de la gravedad de la situación, el gobierno mexicano ha manifestado su compromiso con la mejora de los mecanismos de protección para periodistas, aunque la efectividad de estos compromisos aún está por verse.