El día de hoy, organizaciones de la sociedad civil entregaron una carta en la representación de Yucatán en la Ciudad de México, dirigida al gobernador Joaquín Díaz Mena. En esta comunicación, hacen un llamado urgente para poner fin a la criminalización del activista Wilberth Nahuat Puc, comisario municipal de la comunidad maya de Santa María Chí, en Mérida.
En la carta se incluye un pronunciamiento del defensor, donde expone cómo enfrenta un proceso legal que, según él, es un intento de intimidar a quienes protegen los territorios indígenas. Las organizaciones, entre las cuales se encuentra Greenpeace, indican que el proceso en su contra se relaciona con su defensa de la comunidad frente a operaciones de la megagranja de Grupo Porcícola San Gerardo.
Estas organizaciones advierten que la mencionada granja ha operado durante años sin las autorizaciones ambientales necesarias, impactando negativamente el acuífero kárstico, así como el suelo y el aire de la región. En respuesta a esta problemática, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) ordenó en abril de 2026 el retiro de más de 41 mil cerdos y la clausura definitiva de las instalaciones.
A pesar de esta medida, la empresa ha presentado denuncias penales contra Nahuat Puc por delitos de privación ilegal de la libertad y despojo. Aunque un juez sobreseyó el caso en octubre de 2025, la empresa apeló esta decisión, manteniendo el proceso legal en curso.
El caso de Wilberth Nahuat Puc ha sido también documentado por la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, lo que resalta la preocupación internacional sobre la situación de los defensores de derechos humanos en el país.