Un reciente libro titulado Todo a la luz ha presentado testimonios impactantes sobre la explotación sexual y laboral en México, ofreciendo una ventana a las experiencias de quienes han sufrido estos delitos. Este compendio, que también incluye documentos judiciales, se convierte en un recurso esencial para entender temas críticos como la trata de personas y el acceso a la justicia, afectando directamente a quienes buscan visibilizar y combatir estos problemas en la sociedad.
Sin embargo, en un giro inesperado, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) emitió una resolución el 27 de julio de 2026 que restringe el uso del nombre y la imagen de una de las personas mencionadas en la obra. Además, se impuso una multa a la editorial Penguin Random House, advirtiendo sobre sanciones adicionales si la distribución del libro continúa, lo que plantea dudas sobre la libertad de expresión y el acceso a la información en el país.
La Constitución mexicana garantiza el derecho a buscar y difundir información, protegiendo a periodistas e investigadores en su labor de documentar y dar voz a víctimas. Este principio se ve comprometido cuando se condiciona la divulgación a autorizaciones que pueden silenciar relatos importantes, sobre todo en un contexto donde el escrutinio público es fundamental para la administración de justicia.
En el marco de la Quinta Cumbre Internacional contra la Trata de Personas, PEN International ha expresado su preocupación por más de diez procedimientos judiciales relacionados con el libro, lo que sugiere la posibilidad de demandas estratégicas que buscan acallar voces y obstruir investigativas. Esta situación resalta el riesgo de censura previa, un tema delicado en un país donde el ejercicio del periodismo es ya una tarea peligrosa.
Las autoridades nacionales deben garantizar un entorno donde prevalezca la libertad de expresión, el acceso a la información y el debate público. PEN International ha instado al IMPI a rectificar su postura y a permitir que el libro pueda continuar circulando, salvaguardando así los derechos de quienes buscan compartir sus historias y, con ellas, contribuir al cambio social necesario en México.