La Fiscalía General de la República (FGR) ha decidido continuar con la investigación sobre el decomiso de más de 59 millones de litros de combustible en San José Iturbide, Guanajuato. Este caso, que involucra un posible desvío de recursos, afecta directamente la seguridad y la economía de la región, pues evidencias sugieren irregularidades en la procedencia de este hidrocarburo.
La FGR, a través de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), trasladará la investigación debido a la complejidad del caso. Se están analizando documentos y se están realizando entrevistas a directivos de la empresa implicada, en un esfuerzo por verificar la legalidad del combustible decomisado.
La dependencia ha confirmado que este procedimiento iniciará tras un cateo autorizado, que reveló irregularidades en la terminal de combustible. Hasta el momento, las empresas vinculadas no han presentado la documentación necesaria que compruebe el origen legal del hidrocarburo.
Esta situación se torna más complicada después de que el conglomerado mexicano Simsa desmintió ser dueño o comercializar el combustible mencionado. Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, enfatizó que se anticipan detenciones relacionadas con este caso, uno de los mayores decomisos de combustible en el país.
Guanajuato, históricamente afectado por el robo y tráfico ilegal de combustibles, se encuentra en medio de una lucha entre organizaciones criminales por el control de esta actividad, generando un clima de incertidumbre y preocupación en la población local.
