Este domingo, la Segunda Megamarcha por el Agua Limpia en Guadalajara enfrentó un abrupto comienzo cuando un grupo de personas con martillos y palos generó caos al detonar un explosivo, creando un ambiente de preocupación entre los manifestantes. Esta situación llevó a que la movilización, que busca la defensa del acceso al agua potable y justicia por la actuación policial en protestas anteriores, se detuviera poco después de iniciar en el Parque Revolución, destino al Palacio de Gobierno de Jalisco.
La movilización había sido convocada a las 11:00 horas y se desarrolló en un contexto donde los participantes notaron la ausencia de elementos de seguridad pública a lo largo de la ruta en Avenida Juárez. En medio de este panorama, algunos encapuchados intentaron unirse a la marcha, pero fueron rechazados por otros manifestantes, quienes buscaban mantener el carácter pacífico del evento. Para garantizar la seguridad de los participantes, se organizaron brigadas de primeros auxilios y se distribuyeron silbatos para alertar sobre cualquier eventualidad.
A medida que la movilización se organizaba, el Palacio de Gobierno y el Congreso del Estado se resguardaron con vallas metálicas como medida preventiva, reflejando la tensión con la que se desarrolló la jornada. Cabe recordar que esta marcha se produce tras la manifestación del 11 de octubre, donde alrededor de 10 mil personas alzaron la voz por la crisis del agua en sus hogares, y que culminó con un fuerte despliegue de policías antimotines y la detención de 39 personas tras el uso de gases lacrimógenos.
Las recientes protestas han provocado una reacción del Gobierno de Jalisco, donde el gobernador Pablo Lemus reconoció después de los hechos del 11 de octubre “graves deficiencias” en el operativo policial y la necesidad de investigar el uso excesivo de la fuerza. En este escenario, se anunció que 17 policías estatal están bajo indagación por su actuación durante las protestas.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos se mantiene atenta a la situación, instando al respeto hacia los derechos de manifestación y expresión, y ha estado recopilando testimonios sobre los abusos reportados. Este organismo también ha expresado su preocupación respecto a los procesos penales iniciados contra las personas detenidas en la marcha anterior y ha sido claro en señalar posibles irregularidades durante los días de protesta.
Finalmente, este constante intercambio entre ciudadanos y autoridades refleja una lucha que va más allá de un simple acceso al agua; busca justicia y el respeto a los derechos fundamentales, lo que destaca la necesidad de un diálogo más constructivo en torno a estos problemas cruciales para la comunidad.