Un esfuerzo conjunto entre las autoridades mexicanas y la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) de Estados Unidos ha llevado a la capacitación de 24 especialistas en balística de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y otras fiscalías estatales. Este entrenamiento tiene como objetivo mejorar la capacidad de rastreo de armas de fuego, un asunto clave en la lucha contra el tráfico ilegal que afecta la seguridad de los ciudadanos.
La capacitación, que tuvo lugar del 14 al 16 de octubre en el Instituto de Formación Profesional y Estudios Superiores (IFPES), proporcionó a los participantes tanto teoría como práctica sobre el uso de la plataforma e-Trace. Esta herramienta permite rastrear la procedencia de armas utilizando datos como el número de serie, así como consultar información sobre su fabricación y primera venta en Estados Unidos, fortaleciendo así las investigaciones relacionadas con la criminalidad.
Durante el curso, los especialistas aprendieron a registrar solicitudes de rastreo y analizar la información obtenida para contribuir a sus investigaciones. En total, participaron siete miembros de la Fiscalía CDMX, tres de la Fiscalía General de la República, y 14 de las fiscalías de distintos estados, entre ellos Guerrero, Quintana Roo y Veracruz.
Jorge Adrián Gómez Carreño, titular del IFPES, subrayó la relevancia de esta capacitación para optimizar el trabajo del personal encargado de consultar e intercambiar información sobre armas. Destacó que el uso de e-Trace facilitará el seguimiento de solicitudes y el conocimiento del origen y trayectoria de las armas, así como la identificación de posibles vínculos en investigaciones en curso.
Por su parte, William Dokurno, director adjunto de Programas en Armas y Seguridad Fronteriza de la Embajada de Estados Unidos en México, señaló que e-Trace es fundamental para investigar el tráfico de armas y para el intercambio efectivo de información entre las instituciones de procuración de justicia del país. Su implementación en todas las 32 entidades federativas y la Fiscalía General de la República marcará un avance significativo en la lucha contra este delito.
Con esta iniciativa, las autoridades buscan fortalecer su capacidad para investigar la procedencia de armas de fuego vinculadas con delitos, asegurando así un enfoque más efectivo y colaborativo en la seguridad pública.