En Oaxaca, la Sección 22 de la CNTE ha iniciado un paro de labores que afecta a toda la entidad, demandando una auditoría al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca. Esta acción, acompañada por bloqueos en varias carreteras y marchas, responde a presuntas irregularidades en la asignación y venta de plazas, lo que complica aún más la situación educativa para miles de estudiantes en la región.
Los maestros se congregaron en más de seis puntos en la capital oaxaqueña, incluyendo el crucero del aeropuerto y la carretera federal 190. Debido a estos bloqueos, cientos de pasajeros tuvieron que caminar hasta un kilómetro para llegar a sus destinos. Además, se interrumpieron las comunicaciones entre la capital, Veracruz y el Istmo de Tehuantepec, lo que ha generado mayor tensión en el transporte y en la vida cotidiana de quienes dependen de estas rutas.
La crisis se intensificó tras la renuncia de Emilio Montero como director del IEEPO, acontecida el 26 de septiembre, en medio de la detención de un exalcalde involucrado en prácticas de extorsión. Padres de familia y alumnos se ven directamente impactados, con cerca de 800 mil estudiantes de nivel básico sin clases debido a la falta de acuerdos entre las autoridades educativas y los docentes.
Durante este contexto, representantes de la Sección 22 han comenzado mesas de negociación con el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, buscando respuestas tangibles ante sus exigencias. Las demandas incluyen soluciones a diversos problemas administrativos y laborales que afectan a los trabajadores de la educación y a la comunidad estudiantil.
Aunado a esta situación, en el Istmo de Tehuantepec, se llevó a cabo una marcha en memoria del profesor Leví Peralta, brutalmente asesinado en su escuela. La comunidad educativa se manifestó por mayor seguridad y justicia, subrayando que no se puede seguir viviendo en un clima de violencia que amenaza su labor educativa.
Ante la preocupación por la seguridad y el bienestar de los educadores, los maestros insistieron en que es urgente que las autoridades actúen con firmeza y garanticen condiciones seguras para el desempeño de su labor. La falta de respuestas concretas podría agravar aún más la crisis educativa en la región, dejando a miles de estudiantes sin acceso a una educación adecuada y de calidad.