El Comité Ejecutivo Nacional de Morena, bajo la dirección de Mario Delgado, utilizó los servicios de la “Financiera para el Bienestar” para gestionar un importante número de pagos de apoyos sociales, alcanzando hasta 252 mil transacciones. Este movimiento ha generado inquietudes sobre la legalidad de estas acciones, ya que las leyes electorales claramente restringen a los partidos políticos la capacidad de otorgar este tipo de apoyos.
El contrato inicial, firmado el 1 de junio de 2022, estaba previsto para durar un año, pero se extendió hasta semanas después de la elección federal de 2024. Documentos de la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad revelan que, a pesar de no reportar este contrato al Instituto Nacional Electoral (INE), el costo de las comisiones por dispersar estos apoyos fue de 3 millones 520 mil pesos. Esto podría representar un gasto significativo que los ciudadanos merecen conocer en un contexto donde la transparencia es vital para la confianza pública.
La auditoría interna de 2025 encontró que el monto cobrado en las facturas no coincidía con las operaciones realizadas, ya que de los 252 mil giros contratados, sólo se concretaron 140 mil. El informe también indicó la falta de protocolos que prevengan el lavado de dinero en este tipo de transacciones, algo esencial dado el marco legal que regula la actividad financiera en México.
También se identificó que el concepto de “apoyos sociales” simplemente no está permitido por la legislación vigente, lo que añade una capa de complejidad a la situación. Expertos electorales confirmaron que la dispersión de estos pagos por parte de un partido político es un acto ilegal, y la posible falta de transparencia en estos procesos puede tener implicaciones profundas en la percepción pública y en la integridad del sistema electoral.
Morena y su coalición presentaron informes financieros al INE que no reflejan estos pagos de “apoyos sociales”, lo que contrasta marcadamente con las cifras de transacciones efectuadas a través de Finabien. La falta de claridad y los potenciales excesos en el financiamiento electoral resaltan la importancia de un escrutinio constante y detallado en estas operaciones.
La omisión de cumplir con las normativas antilavado y la dispersión no reportada de recursos públicos subraya la necesidad de que la ciudadanía esté atenta y exija rendición de cuentas. La transparencia es un pilar fundamental para asegurar la confianza en las instituciones y en los procesos democráticos de nuestro país.