En Guanajuato Capital, el caso de las cuatro buscadoras detenidas en 2020 durante una manifestación pacífica sigue sin avances significativos. Estas mujeres, que protestaban en la glorieta Santa Fe por la desaparición de sus seres queridos, aseguran que no fueron detenidas de manera legal y que firmaron documentos bajo coacción. Este contexto no solo afecta a las involucradas, sino que también ha generado inquietud en la comunidad sobre la actuación de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) en manifestaciones que tienen un impacto tan humano y sensible.
El juez que lleva el caso decidirá el próximo lunes si se vinculan a proceso a los policías acusados de abuso de autoridad. Durante la última audiencia, dos oficiales dieron su testimonio, afirmando que las detenciones se realizaron bajo “órdenes de arriba”, mencionando al comandante Miguel Belmonte como la persona responsable de la operación, lo que complica aún más el proceso después de tres años de litigio.
El incidente tuvo lugar el 10 de julio de 2020, cuando familiares de personas desaparecidas bloquearon el tráfico en la glorieta Santa Fe. La manifestación, según la Fiscalía y la defensa de las víctimas, se mantuvo en todo momento pacífica. No obstante, se reportaron momentos de tensión con la llegada de un grupo antimotines, lo que dejó a varios policías lesionados.
Este caso no es solo un asunto judicial; es un reflejo de las preocupaciones que enfrenta nuestra comunidad en cuestiones de derechos humanos y el acceso a la justicia. Mientras los procesos continúan, las voces de las buscadoras y su lucha por la verdad y la justicia resuenan en la capital, recordando a todos la importancia de garantizar el derecho a la libre manifestación y la seguridad de quienes buscan respuestas en medio de la angustia por la desaparición de sus seres queridos. La próxima audiencia se llevará a cabo el lunes, y la atención de la comunidad estará puesta en el desenlace de este complejo tema.