La desaparición del estudiante Joan Francisco Díaz ha evidenciado la falta de protocolos efectivos en la Universidad de Guanajuato para actuar ante casos de estudiantes desaparecidos. Este alumno, quien estaba en su séptimo semestre de la licenciatura en Administración de la Calidad y la Productividad, fue visto por última vez el 28 de septiembre, pero su ficha de búsqueda no se publicó hasta el 7 de octubre. Su ausencia inicial fue notada por sus compañeros, quienes alertaron a sus familiares, impulsando a la universidad a actuar solo después de que el caso se volvió mediático.
La rectora general, Claudia Susana Gómez López, destacó la importancia del seguimiento de estos casos, señalando que los docentes no están obligados a pasar lista de asistencia, lo que puede retrasar la identificación de ausencias preocupantes. La comunicación entre estudiantes y profesores, así como la activa participación de las familias, se vuelve esencial para detectar situaciones de riesgo.
Desde 2019, al menos seis estudiantes de la universidad han sido víctimas de delitos graves, incluyendo privación de libertad y homicidio. Sin embargo, los únicos protocolos establecidos por la universidad han sido recomendaciones de autocuidado y acercamientos con las autoridades municipales, dejando a la comunidad estudiantil en una posición vulnerable. La rectora mencionó esfuerzos para reforzar medidas de seguridad, aunque sin detallar qué se ha implementado.
El secretario de Seguridad Ciudadana de Guanajuato, Luis Gamba Castillo, aseguró que no hay denuncias de desapariciones forzadas en la capital, pero reconoció que los estudiantes sienten temor en áreas con déficit de iluminación, lo que ha motivado la creación de un grupo de WhatsApp para atender reportes de seguridad. Enfatizó la importancia de que los estudiantes confíen en la policía y hagan uso de los canales de denuncia.
La comunidad de Guanajuato Capital se enfrenta a un momento crítico en cuanto a la seguridad de sus estudiantes, por lo que se requiere un esfuerzo conjunto entre las autoridades, la universidad y las familias para garantizar la protección y bienestar de los jóvenes en esta ciudad patrimonio.
