La decisión del Congreso de Chiapas de aprobar una iniciativa que permitiría a las policías estatales portar armamento de mayor calibre abrió un debate de interés local que ahora se traslada al ámbito federal, según indicó el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal. El legislador dijo que el tema, hasta ahora considerado un tabú, exige discusión pública y normativa clara.
Monreal señaló que el Ejército históricamente se ha opuesto a dotar a las policías estatales de armamento de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, pero consideró que llegó el momento de abordar la materia. Indicó que la iniciativa propuesta por el gobernador de Chiapas será turnada de inmediato a la Comisión de la Defensa Nacional para iniciar su análisis.
La propuesta plantea una modificación al artículo 8 Bis de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos para ampliar la facultad de la Secretaría correspondiente y autorizar permisos de adquisición y portación de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas a instituciones de seguridad pública, previa justificación. También contempla sustituir el Certificado Único Policial por certificados individuales vigentes del personal.
El texto prevé que, cumplido el objetivo de su empleo, el armamento sea transferido a la secretaría competente o quede bajo resguardo militar, con mecanismos de control institucional. Monreal afirmó que la iniciativa busca fortalecer la capacidad de las entidades federativas para enfrentar riesgos y mejorar la respuesta del Estado ante escenarios de alta violencia.
En su planteamiento defendió que México debe deliberar seriamente sobre prioridades y sobre la necesidad de actualizar el marco jurídico en la materia, señalando que otros países cuentan con regulación que permite a policías regionales portar armas de mayor calibre bajo control estatal. Citó ejemplos comparativos sobre prácticas en Colombia, Brasil, Estados Unidos, Francia y España.
Monreal añadió que la reglamentación prevista debe sujetarse a principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad, así como a procedimientos de prevención, rendición de cuentas, vigilancia y oportunidad. Subrayó que todo ello debe ajustarse al respeto de los derechos humanos y a la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza.
Fuente: contactonoticias.com.mx