Ayer, Zaragoza fue escenario de una manifestación masiva en contra de los centros de datos, donde miles de ciudadanos expresaron su rechazo a estos proyectos. Según elDiario.es, asistieron alrededor de 5.000 personas, aunque la Policía Nacional informó que fueron 2.000. La creciente demanda de infraestructura para mantener la inteligencia artificial y otros servicios digitales plantea serios desafíos en términos de consumo de electricidad, agua y uso del suelo.
La plataforma “No es sequía, es saqueo” lidera la discusión sobre la necesidad de frenar estos desarrollos mientras se evalúan sus consecuencias. Durante la protesta, los asistentes expresaron su preocupación con consignas que reclamaban vivienda asequible y la conservación de los recursos hídricos. Cristina García, ingeniera industrial y portavoz del colectivo, argumentó que estos centros no generan empleo significativo ni aportan fiscalmente a su comunidad.
Los llamados Proyectos de Interés General de Aragón facilitan la construcción de estos centros a través de exenciones fiscales y trámites acelerados. Pedro Santisteve, exalcalde de Zaragoza, reveló que se planean hasta 34 nuevos centros en la región. Esta situación de falta de transparencia es ampliamente criticada. Pedro Arrojo, catedrático y relator de la ONU, aboga por regular el sector en lugar de prohibirlo, enfatizando la importancia de entender su funcionamiento.
Estos centros ya son una realidad, y la proyección para el futuro es preocupante. Según la Agencia Internacional de la Energía, la demanda eléctrica de estos centros podría duplicarse, alcanzando los 945 TWh en 2030, superando así el consumo actual de Japón. En Aragón, si todos los proyectos se concretan, el consumo eléctrico anual podría quintuplicarse, pasando de 10.000 a más de 55.000 GWh. Las ampliaciones de Amazon, por sí solas, superarían el consumo de toda la comunidad.
La escasez de recursos se convierte en una preocupación inmediata, sobre todo en un contexto de sequías. Arrojo advierte que, en situaciones críticas, los centros de datos no se detendrán y sugirió que las infraestructuras eléctricas tendrán que ser redimensionadas, lo que impactará en las tarifas de los ciudadanos y no en las empresas.
Respecto al empleo, los manifestantes cuestionan las promesas de generación laboral. Aunque se anunciaron más de mil empleos, la realidad indica que solo alrededor de 200 son permanentes una vez terminada la construcción de los centros. Recientemente, surgió controversia en El Burgo de Ebro y Villanueva de Gállego, donde se discutió el impacto de las operaciones de Amazon Web Services en la región.
Los eventos ocurren justo antes de las elecciones generales en España y en un contexto de un borrador de Real Decreto que regula los centros de datos. Este documento exige que se utilice energía renovable y se mejoren los niveles de eficiencia, aunque ha enfrentado críticas y ajustes debido a la presión de la industria.
Zaragoza se posiciona como un punto clave para la expansión de centros de datos en España, pero conserven la atención sobre el impacto ambiental y económico que ello conlleva.
