El pasado viernes, la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos implementó un parón aéreo a nivel nacional, prohibiendo el despegue de todos los vuelos en el país debido a “circunstancias extraordinarias por razones de seguridad”. Esta medida, que comenzó a las 15:54 y fue levantada a las 20:15, resultó en la cancelación de más de 10,000 vuelos, afectando considerablemente a pasajeros y operaciones aéreas durante un fin de semana ya complicado.
El secretario del Departamento de Transporte, Sean Duffy, atribuyó el problema a una falla en las comunicaciones que impactó a los centros de control de tráfico aéreo. Durante la investigación, se confirmó que la congestión de datos en conmutadores y routers provocó información inconsistente, lo que obligó a detener temporalmente el sistema. A pesar de que la FAA está implementando inteligencia artificial para gestionar el tráfico aéreo, la empresa desarrolladora aseguró que esta no era la causa del fallo.
Este evento es significativo no solo por su impacto en la movilidad aérea, sino también por sus implicaciones políticas. Duffy aprovechó la ocasión para solicitar más financiación al Congreso, enfatizando que la actualización del sistema de control de tráfico aéreo es crucial para evitar problemas similares en el futuro. Aunque el Congreso ya había aprobado una inversión de 12,500 millones de dólares para modernizar la FAA, el secretario demanda al menos 30,000 millones adicionales.
Este parón es el tercero de su tipo en la historia de EE.UU., un procedimiento que se había realizado anteriormente tras los atentados del 11 de septiembre y otro incidente en enero de 2023. La FAA y el Departamento de Seguridad Nacional han enfatizado que, hasta el momento, no hay evidencia de un ciberataque, aunque el FBI está investigando si una actualización de software pudo haber causado este caos.