El Consejo de la Unión Europea respaldó por mayoría la firma del acuerdo de asociación con Mercosur, una decisión que afecta directamente al comercio y a la actividad agrícola dentro de la Unión y que puede traducirse en cambios inmediatos en las importaciones agrícolas. La medida adquiere relevancia local por las protestas y la preocupación de productores en varios Estados miembros.
Los embajadores permanentes ante la UE alcanzaron primero un acuerdo político y ese respaldo fue posteriormente confirmado por el Consejo mediante un procedimiento escrito, que se decidió por mayoría cualificada. Con ello se formaliza una decisión al mismo nivel que las adoptadas en las reuniones ministeriales comunitarias.
El pacto provisional, competencia exclusiva de la UE, podrá firmarse sin necesidad de la ratificación previa de los parlamentos nacionales, mientras que el acuerdo definitivo requerirá el visto bueno de todas las partes implicadas. La presidenta de la Comisión Europea recibió el mandato para suscribir el texto en nombre de la Unión, si bien la aprobación final corresponde también al Parlamento Europeo.
Varios Estados expresaron posiciones encontradas: Francia y Hungría comunicaron su rechazo y algunos países, como Bélgica, se abstuvieron, mientras que el apoyo decisivo de Italia permitió avanzar tras sus reservas sobre el impacto en el sector agrícola; España y Alemania figuran entre los defensores del pacto. Para sumar apoyos se acordaron mejoras en las cláusulas de salvaguarda destinadas a proteger a los agricultores comunitarios.
Los embajadores respaldaron además el acuerdo político alcanzado con el Parlamento Europeo sobre esas salvaguardas, que deberán ser validadas por la Eurocámara en primera lectura. Las medidas buscan permitir una reacción rápida ante perturbaciones del mercado originadas por un aumento de importaciones agrícolas derivadas del tratado.
En productos sensibles, las salvaguardas podrían activarse si los artículos importados tienen precios al menos un 5% inferiores respecto a los europeos comparables, si se registran aumentos del 5% en los volúmenes de importación preferenciales sobre una media de tres años, o ante una caída del 5% en los precios de importación; esos supuestos servirían, en general, para iniciar una investigación. El objetivo declarado es disponer de mecanismos que permitan responder con rapidez a riesgos de competencia desleal.
Las organizaciones agrarias de la UE criticaron la decisión y anunciaron nuevas movilizaciones, tras protestas recientes en varios países miembros. Copa-Cogeca y otras cooperativas calificaron el visto bueno como el resultado de maniobras y presiones y consideraron que, pese a los ajustes, el acuerdo sigue siendo desequilibrado.
Colectivos como Vía Campesina denunciaron que las negociaciones se han llevado a cabo a puerta cerrada y alertaron de que la eliminación de aranceles sobre la mayor parte de los productos intensificará la competencia para los agricultores europeos; sostienen que existen diferencias en normas sociales, medioambientales y sanitarias que dificultan una competencia justa. Por su parte, organizaciones ecologistas señalaron que el pacto, aun antes de la decisión parlamentaria, implica riesgos para la selva amazónica y para la protección forestal, y subrayaron que la Eurocámara aún debe pronunciarse.
Fuente: contactonoticias.com.mx