Un amparo impidió que el gobierno de la Ciudad de México procediera al desalojo del campamento que alberga a aproximadamente 300 migrantes asentados sobre las vías de la colonia Vallejo, en la alcaldía Gustavo A. Madero. La medida judicial frenó la acción administrativa prevista por las autoridades locales, con impacto directo en la comunidad instalada en el sitio.
El operativo de desalojo estaba previsto para la madrugada, por lo que los migrantes, en su mayoría originarios de Venezuela, montaron guardias para evitar ser sorprendidos por las fuerzas de seguridad. La tensión en el campamento aumentó ante la presencia policial y la expectativa de una intervención.
Un notificador se presentó en el lugar por la mañana para entregar el amparo que ordena suspender cualquier acto de desalojo, y más tarde fue entregada una medida cautelar de protección al coordinador general de Atención a la Movilidad Humana de la Ciudad de México, Temístocles Villanueva. Villanueva recibió el documento y se retiró del sitio sin anunciar un plan público inmediato.
Organizaciones defensoras de migrantes exigieron la instalación de una mesa de diálogo con la jefa de gobierno, Clara Brugada, para buscar una solución que atienda a las personas afectadas. Rodrigo Yedra, defensor de derechos humanos, criticó la falta de información y precisó que esperaban un posicionamiento oficial.
Activistas señalaron que muchos de los residentes no logran acceder a empleos estables porque los trámites de regularización ante el Instituto Nacional de Migración y la Comisión Nacional de Ayuda a Refugiados tardan meses en avanzar. Esta situación, advirtieron, impide la obtención de ingresos formales y, en consecuencia, el acceso a una vivienda digna.
Representantes de la organización Las Vanders subrayaron la gravedad de la crisis habitacional en la Ciudad de México y la dificultad para que personas sin documentación puedan alquilar o acceder a espacios seguros. Según la organización, la carencia de documentos y empleo genera un círculo de vulnerabilidad para las familias migrantes.
Autoridades de la Coordinación de Atención de Movilidad Humana habían dado un ultimátum a los habitantes del campamento para abandonar las estructuras de madera y lona y ser reubicados en albergues en Tepito y La Lagunilla. En las inmediaciones se observaron unidades policiales y maquinaria preparada para demoler las chozas en caso de que avanzara el desalojo.
La llegada de medios de comunicación modificó el despliegue policial, que pasó de un cerco estático a rondines en la zona. Activistas pidieron calma entre los migrantes mientras esperaban la notificación del amparo y las respuestas de las autoridades.
Varias familias que integraron la caravana migrante desde Venezuela declararon su desilusión ante lo que consideran promesas gubernamentales incumplidas. Una residente que se identifica como solicitante de refugio expresó su preocupación por la falta de apoyo institucional y la incertidumbre sobre su situación habitacional.
Fuente: contactonoticias.com.mx