El estado del río Guadarrama ha desembocado en un desafío legal, ya que un juzgado de Navalcarnero ha citado como investigados a los alcaldes de Arroyomolinos y Navalcarnero, así como a la exalcaldesa Ana Millán y a responsables del Ayuntamiento de Móstoles. Este asunto crucial podría afectar a las aproximadamente 70,000 personas que dependen del río en la región. Las investigaciones se originan a raíz de denuncias sobre vertidos de aguas residuales y escombros, así como construcciones en terrenos protegidos.
El Guadarrama, un afluente del Tajo que recorre el oeste de Madrid, es esencial para estas localidades. Arroyomolinos cuenta con más de 38,000 habitantes, mientras que Navalcarnero tiene cerca de 33,400. Las denuncias citan deterioro ambiental a lo largo de años, en particular en zonas como Las Sabinas y Ribera de San Pedro, donde se han presentado quejas por residuos y edificios irregulares.
La investigación se activa a partir de una denuncia de la Fiscalía, que cuestiona si los ayuntamientos han vigilado y sancionado adecuadamente las infracciones. Datos de la Fiscalía indican que, aunque se han tomado medidas, se debe evaluar si estas fueron suficientes. Existen preocupaciones sobre acciones u omisiones relevantes en términos de responsabilidad ambiental y urbanística.
Este problema no es nuevo. Desde 2016, ecologistas y vecinos han alertado sobre el impacto de los vertidos ilegales en el río, incluidos neumáticos y electrodomésticos, lo que subraya una falta de vigilancia. En operaciones previas de limpieza, se reportaron más de 117 toneladas de neumáticos, destacando la gravedad de la situación.
La conservación del cauce no es solo responsabilidad municipal; también involucra a la Confederación Hidrográfica del Tajo. Recientes decisiones judiciales han señalado la responsabilidad de esta entidad en la limpieza del Guadarrama. En el contexto de esta investigación, es importante resaltar que ser nombrado investigado no implica culpabilidad inmediata, y las diligencias previas están destinadas a identificar responsabilidades entre 2021 y 2023.
Esta situación se suma a otros proyectos olvidados en la región, como la línea de tren Móstoles-Navalcarnero, que, tras una inversión millonaria, sigue sin entrar en funcionamiento. La falta de atención a estos temas plantea interrogantes sobre la gestión pública y el bienestar de las comunidades locales.