El Ministerio de Igualdad de España está bajo investigación por el presunto uso indebido de fondos destinados a las pulseras antimaltrato, dispositivos que alertan cuando un agresor transgrede una orden de alejamiento. Esta indagación, impulsada por la Fiscalía Europea, se centra en la contratación de estos dispositivos, que han sido objeto de críticas por fallos en su funcionamiento, así como en la gestión y seguimiento de los contratos que suman un total de 102,6 millones de euros.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil llevó a cabo operaciones en las sedes del Ministerio de Igualdad y del Tribunal de Cuentas con el objetivo de esclarecer las irregularidades. Aunque la controversia coincide con el inicio de la campaña electoral, la Fiscalía Europea inició la investigación en 2025, cuando comenzaron a cuestionarse los más de seis millones de euros aportados por el plan de recuperación NextGenerationEU para la compra de estas pulseras. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha afirmado su compromiso con la colaboración completa en esta investigación.
A pesar de que las pulseras fueron diseñadas para proteger a las víctimas, los recientes problemas identificados incluyen fallos de posicionamiento y un cambio en el proveedor de servicios de telecomunicaciones, que dificultó el acceso a los datos históricos de los agresores. Desde 2023, su gestión pasó de Telefónica a una unión temporal de empresas que incluye a Vodafone y Securitas, quienes enfrentan críticas por la falta de actualización tecnológica y su dependencia de redes que están en extinción.
Las deficiencias del sistema han llevado a que varios juzgados no puedan hacer un seguimiento efectivo de las órdenes de alejamiento. Además, una reciente caída del sistema que duró casi 13 horas y un mal funcionamiento por el uso de tecnologías obsoletas han suscitado preocupaciones sobre la seguridad de las víctimas. Hasta el momento, la investigación no ha revelado quiénes son los sujetos bajo sospecha ni la magnitud del posible fraude, lo que ha planteado interrogantes sobre la transparencia en la aplicación de fondos europeos destinados a la protección de mujeres en riesgo.