Un empresario del sector de la hostelería ha sido condenado a cinco años de prisión por defraudar más de 600.000 euros a la Seguridad Social. La Audiencia Provincial de Córdoba impuso esta sentencia a dos personas implicadas en un entramado empresarial que dejó de pagar sistemáticamente las cuotas de sus empleados y acumuló una deuda que incluye además multas e indemnizaciones que superan 1,5 millones de euros. Este caso pone en evidencia prácticas comunes en el sector, donde algunos empresarios se aprovechan de la falta de supervisión.
Entre 2013 y 2021, el principal condenado, identificado como Á.V.C.Á., actuó a través de varias empresas que, tras no cotizar, terminaron en la insolvencia. La sentencia le impone tres años de prisión y multas que superan los 600.000 euros por defraudar a la Tesorería General de la Seguridad Social. También está probado que parte de sus operaciones se realizaron en efectivo, evadiendo así el control fiscal.
El segundo involucrado, J.U.N., que actuó como testaferro, fue condenado a dos años de cárcel y una multa similar. Se evidenció que utilizó su nombre para ocultar la gestión real de las empresas, lo que le permitió a Á.V.C.Á. operara fuera del radar de las autoridades. Ambos condenados no podrán acceder a subvenciones ni ayudas públicas durante cinco años.
La Fiscalía había solicitado penas más severas que alcanzaban hasta 23 años para varios acusados, pero en la fase del juicio, las peticiones fueron rebajadas. Las defensas argumentaron que parte de la responsabilidad civil ya había sido cubierta, lo que llevó a la consideración de atenuantes en la sentencia.
Las normativas en torno a la defraudación de cuotas a la Seguridad Social son estrictas. El Código Penal establece penas de hasta cinco años si el fraude excede los 50.000 euros en cuatro años, y de hasta seis en casos más graves, como el uso de testaferros. Este tipo de delitos no son aislados; se ha visto un patrón en Córdoba, donde otros hosteleros enfrentan condenas similares.
La sentencia aún puede ser apelada ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y existe incertidumbre sobre si los condenados ingresarán en prisión. Además, la deuda con la Seguridad Social sigue sin saldarse por completo, pues se han comprometido a realizar pagos mensuales en un intento de recuperar parte de lo defraudado.