España sigue afrontando una severa crisis residencial, complejidad que ha acelerado el adelanto electoral. La situación se debe a una combinación de factores, incluida la escasa construcción de vivienda nueva y la creciente demanda de alquiler turístico. Un giro clave en esta problemática es el bajo porcentaje de vivienda pública en el país, que se sitúa en un 1,5%, considerablemente inferior al 7,1% de la media de la OCDE.
La reciente evaluación del Banco de España indica que el año pasado se completaron sólo 11,000 viviendas protegidas, mientras que se iniciaron 15,500. Si bien la cifra muestra cierta mejora respecto a la media de la última década, está muy lejos de las 62,000 viviendas que se terminaban anualmente en los años 90. Esta escasez impacta especialmente a los hogares con bajos ingresos, quienes enfrentan grandes dificultades en el acceso a la vivienda.
La cultura de propiedad en España, la falta de terreno disponible y las complicaciones en el sector de la construcción son factores que limitan el desarrollo de vivienda pública. La actual legislación, particularmente la conocida como “Ley Montoro” de 2012, ha restringido aún más la capacidad de acción de los ayuntamientos en este ámbito. Esta normativa, concebida para controlar el gasto público, no considera la promoción de vivienda pública como un servicio esencial, lo que complica su inclusión en las políticas municipales.
Desde la aprobación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, los ayuntamientos deben alinear sus decisiones con el objetivo de estabilidad financiera. Aunque estas normas no prohíben explícitamente la promoción de vivienda pública, su aplicación práctica ha limitado la capacidad de los consistorios para actuar en este campo.
A pesar de estas restricciones, el Banco de España indica que aún existen oportunidades para que las localidades desarrollen vivienda asequible a través de “operaciones financieras sostenibles.” Recientemente, un nuevo Real Decreto ha otorgado mayor flexibilidad a los consistorios para invertir en vivienda utilizando superávits, lo que podría ofrecer un respiro en la lucha contra la crisis residencial. Sin embargo, el camino para aumentar la vivienda pública en España sigue marcado por dificultades históricas, económicas y legislativas.