A partir del 10 de julio de 2027, la Unión Europea impondrá un límite de 10.000 euros en pagos en efectivo, en virtud del reglamento 2024/1624, diseñado para combatir el blanqueo de capitales. Esta normativa afectará a diversas transacciones comerciales y tendrá implicaciones significativas en la manera en la que los usuarios realizan pagos en efectivo en países como España, que ya aplica restricciones más severas.
Hasta ahora, no existía un límite común para pagos en efectivo en la UE, lo que permitía que algunos países establecieran normativas laxas, facilitando prácticas delictivas. Con esta nueva regulación, cualquier persona que preste servicios o comercie con bienes no podrá aceptar pagos en efectivo superiores a 10.000 euros, una medida que busca cerrar vacíos legales existentes. Además, en caso de que los pagos se hagan en medios separados pero relacionados, se considerarán como una única transacción, lo que puede llevar a calificaciones de infracción si se superan los límites establecidos.
Cabe destacar que los Estados miembros pueden fijar límites inferiores, siempre y cuando lo consulten con el Banco Central Europeo y lo notifiquen a la Comisión dentro de los tres meses posteriores a su introducción. En España, la Ley 11/2021 ya limita los pagos en efectivo a 1.000 euros cuando una de las partes actúa como profesional. Para los no residentes, se mantiene el límite de 10.000 euros, y las transacciones entre particulares no están sujetas a límites. Esto sugiere que España no requerirá ajustes en su legislación debido a la flexibilidad permitida por la normativa europea.
Con la entrada en vigor de esta normativa, sectores como la automoción y las joyerías se verán obligados a adaptar sus procesos de pago. En países donde no existen límites de efectivo, como Alemania y Austria, el cambio será más notable, afectando a un mayor número de usuarios y operaciones comerciales. Las empresas deberán prepararse para cumplir con las nuevas regulaciones en un plazo que ya está en marcha.