Un reciente estudio de WWF titulado “Aquí se roba agua” revela que más de 80.000 hectáreas de cultivos en seis acuíferos españoles utilizan agua de forma ilegal, afectando la sostenibilidad de estos recursos hídricos. Esta investigación, que ha tomado 18 meses, pone de manifiesto la sobreexplotación del agua en regiones críticas como el Alto Guadiana y el acuífero de Almonte-Marismas, entre otros.
Los datos oficiales de 2023 y 2024 muestran que la agricultura de regadío ha crecido significativamente en estas áreas, lo que ha llevado a un uso desmedido de agua, muchas veces sin los permisos adecuados. Según Teresa Gil, responsable del programa de agua de WWF, esta situación es un indicador de un delito ambiental que se encuentra en auge y resulta en un daño considerable para el medio ambiente.
Particularmente alarmante es la condición del acuífero de la Mancha Occidental, que debería apoyar la reserva natural de las Tablas de Daimiel. Alrededor del 22% de la superficie regada en esta área se considera que utiliza agua de manera ilegal, aumentando la presión sobre un recurso ya deteriorado. Prácticas insostenibles han llevado a la extracción de recursos más allá de lo permitido por los planes de gestión hídricos existentes.
La situación de las reservas de agua en España es mixta. En general, las reservorios se sitúan en un 60,3% de su capacidad total, lo que es superior al año anterior. Sin embargo, existe una clara desigualdad regional. Mientras que varias cuencas, como la del Guadalquivir, logran mantener niveles aceptables, el Ebro y otros ríos muestran problemas de disponibilidad de agua, afectando la agricultura y el abastecimiento local.
Aunque en la región de Doñana se ha visto una mejora en la gestión del agua, se requiere un control continuo para evitar que el acuífero se considere en peligro por parte de la UNESCO. A pesar de la reducción de los pozos ilegales, nuevas formas de agricultura intensiva, como el olivar superintensivo, amenazan la estabilidad del ecosistema.
WWF señala que la demanda de agua ha crecido en zonas como el sureste de España, donde ya se registran más de 15.000 hectáreas de cultivo involucradas en riego ilegal. Esta tendencia, junto con la extracción excesiva, resalta la necesidad urgente de una mejor gestión y regulación de los recursos hídricos en un contexto donde la disponibilidad de agua es cada vez más limitada.