En una sorprendente vuelta de acontecimientos, la Generalitat de Cataluña ha decidido prohibir el uso de inteligencia artificial (IA) en escuelas hasta los 14 años, una medida que contrasta drásticamente con las recientes orientaciones para su incorporación en el sistema educativo. Esta decisión, anunciada por el presidente Salvador Illa, forma parte de un amplio proyecto de “bienestar digital” para menores de 16 años que incluye iniciativas como la restricción del uso de redes sociales y móviles en aulas.
El contexto de esta prohibición se sitúa en un panorama educativo global que ha estado definiendo posturas diversas hacia la integración de la IA en la enseñanza. Países como Noruega e Italia también han implementado restricciones, sugiriendo no utilizar IA para estudiantes más jóvenes. Este fenómeno pone de relieve una tendencia generalizada: la preocupación por el impacto de la tecnología en el aprendizaje de los estudiantes, con un foco particular en los chatbots.
El debate actual considera que el uso de tecnología, como la IA, puede ofrecer ventajas en términos de rendimiento académico, pero también genera preocupaciones sobre cómo estos recursos pueden desviar el proceso educativo. Un estudio en Turquía reveló que el acceso sin restricciones a herramientas como GPT-4 mejoró el rendimiento en tareas prácticas, aunque los estudiantes mostraron un menor rendimiento en exámenes estandarizados.
La situación en Cataluña no se puede desvincular de la crisis evaluativa que enfrentan los alumnos catalanes, quienes han sido excluidos de los resultados de PISA. La regulación que avanza sobre la IA podría estar más motivada por la necesidad de adaptarse a un entorno educativo cambiante, sin esperar a que las instituciones aprendan a manejar la tecnología de manera efectiva. A medida que se establecen estas normativas, se abre un debate profundo sobre cómo utilizar adecuadamente estas herramientas para mejorar la educación, sin comprometer el desarrollo integral de los alumnos.