La prefectura de Yamanashi, en Japón, implementará una nueva medida para costear las operaciones de rescate en el Monte Fuji, cobrando a los excursionistas que requieran evacuación en helicóptero durante la temporada baja. Esta decisión surge en respuesta al aumento de accidentes relacionados con senderistas imprudentes, y busca disuadir comportamientos de riesgo, al mismo tiempo que hace responsables a quienes ignoran las pautas de seguridad establecidas por las autoridades locales.
Aunque aún no se ha decidido el monto exacto, en la prefectura de Saitama, donde ya se efectúan cargos similares, el costo asciende a 8,000 yenes (aproximadamente 45 euros) por cada cinco minutos de vuelo. Esta aplicación ha resultado en que la factura promedio de rescates en 2025 superara los 640 euros, lo que hasta ahora ha generado preocupación entre las autoridades.
Anualmente, entre 200,000 y 300,000 personas utilizan sus senderos, siendo el Fuji un destino icónico que atrae tanto a turistas extranjeros como a excursionistas locales. Con el objetivo de fomentar un turismo responsable, el gobierno local ha decidido establecer un sistema en el que los montañistas deberán presentar un formulario detallándose el plan de ascenso y el equipo a utilizar, lo que les ayudará a evitar costos adicionales durante un eventual rescate.
La temporada ideal para escalar el Fuji es de finales de junio a principios de septiembre; fuera de estos meses, las condiciones son bastante más adversas, y muchos refugios permanecen cerrados. Las autoridades han registrado varios incidentes en los que se ha requerido el uso de helicópteros en offseason, lo que incrementa la urgencia de esta nueva política. Según la prensa local, solo aquellos excursionistas que muestren un comportamiento imprudente o que no sigan sus consejos podrían ver aumentados los costos de rescate.
En resumen, la prefectura de Yamanashi busca, con esta medida, tanto proteger a los excursionistas como asegurar que quienes hagan caso omiso de las recomendaciones enfrenten las consecuencias económicas de su imprudencia. Se prevé que esta política entre en vigor a partir de septiembre de 2027, mientras se discute la posibilidad de implementar tarifas de acceso a la montaña como una solución adicional ante el problema del turismo masivo.