En España, el número de contribuyentes con patrimonio superior a 30 millones de euros ha aumentado considerablemente, alcanzando 1.023 en 2024, un incremento notable en comparación con los 471 reportados en 2013. Sin embargo, a pesar de este aumento en la concentración de riqueza, el total de contribuyentes obligados a tributar por el Impuesto de Patrimonio ha disminuido, con 227.424 declarantes, un 0,5% menos que el año anterior. Esta divergencia refleja un fenómeno preocupante: mientras las grandes fortunas crecen, cada vez menos personas contribuyen al mismo impuesto.
A nivel global, este patrón no es exclusivo de España, donde la desigualdad se acentúa a medida que proporciones significativas del patrimonio se concentran en manos de unos pocos. La suma total de patrimonio de los nuevos contribuyentes ha ascendido a casi 987.000 millones de euros, con un aumento del 5,7% en un año. Este contraste se evidencia aún más al observar que los contribuyentes que sí tributan han visto incrementarse su patrimonio promedio en un 6,4%.
El Impuesto de Patrimonio ha tenido una historia cambiante en el país. Fue eliminado en 2008, reinstaurado en 2011 y, tras diversas bonificaciones, especialmente en comunidades como Madrid, se creó en 2022 el Impuesto de Solidaridad de las Grandes Fortunas, que grava a quienes poseen más de tres millones de euros. Este nuevo impuesto ha obligado a muchas comunidades a reactivar sus propios tributos, modificando así el paisaje fiscal para las grandes fortunas.
Como resultado de estas políticas, la recaudación total por el Impuesto de Patrimonio alcanzó en 2024 los 2.153,7 millones de euros, reflejando un incremento del 9,3% respecto al año anterior. En Madrid, la recaudación por este impuesto pasó de cero en 2022 a aproximadamente 643 millones en 2024, mientras que Andalucía también reportó un notable aumento. Esta situación plantea interrogantes sobre la equidad del sistema tributario y el efectivo cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de las personas con mayores recursos.