Un almacén de gas bajo el lecho marino frente a Vinaròs, conocido como Castor, ha permanecido inactivo desde su creación, a pesar de más de 4.700 millones de euros gastados por los gobiernos. Aunque el proyecto nunca ha vendido un solo metro cúbico de gas, los usuarios continúan pagando por él. La reciente decisión de desmantelar la instalación ha elevado la factura pública a 1.700 millones, una carga que podría extenderse a través de las facturas de gas durante 30 años.
La concepción del almacén se remonta a 2002, pero no fue hasta 2008 cuando se otorgó la concesión a Escal UGS. Este acuerdo incluía una controvertida cláusula que garantizaba a la empresa el pago por sus instalaciones, independientemente de los problemas que pudieran surgir durante la operación. La construcción de la plataforma y el gasoducto fue terminada en 2012, pero ya en ese momento la demanda de gas había caído drásticamente debido a la crisis económica.
Las pruebas para inyectar gas iniciaron en 2013, resultando en más de 400 microseísmos en la región, lo que generó preocupación entre los residentes. Finalmente, la inyección fue detenida por el ministro José Manuel Soria, quien después de un análisis, cuestionó la validez de la cláusula de indemnización, un movimiento que fue en vano, ya que el Tribunal Supremo afirmó su legitimidad.
Las implicaciones del proyecto no solo afectaron la industria del gas, sino también provocaron un bloque de procedimientos en la administración pública, desacelerando la aprobación de otros proyectos industriales. En 2014, el gobierno pagó 1.350 millones a Escal como indemnización, una cantidad que se trasladó a los usuarios de gas a través de sus recibos.
Con la desaprobación del Tribunal Constitucional a la indemnización un año después, un giro judicial llevó a las entidades bancarias a reclamar dicho monto al Estado, algo que terminó incrementando la carga económica sobre los ciudadanos. Sin embargo, el problema de responsabilidad quedó sin resolver, con absoluciones a los implicados en fallos administrativos.
A día de hoy, el proyecto sigue sin funcionar y la incertidumbre sobre su desmantelamiento persiste. Además, los temores sobre la seguridad del suministro energético se han intensificado debido a la inestabilidad geopolítica en regiones productoras de gas. Con un panorama energético en constante cambio, la historia del proyecto Castor continúa como un recordatorio de los desafíos en la gestión de infraestructuras energéticas.