Ignacio Mier Velazco, coordinador de los senadores de Morena, ha expresado su respaldo a la decisión de Rubén Rocha Moya de solicitar una nueva licencia indefinida como gobernador de Sinaloa. Esta solicitud se produce a raíz de las críticas surgidas tras su reciente regreso a la gubernatura, luego de estar 112 días separado de su cargo. Señaló que esta decisión honra la trayectoria de Rocha y busca reducir el ruido mediático que ha rodeado su gestión.
El grupo parlamentario de Morena había publicado un posicionamiento anteriormente, en el que aclaraban que el regreso de Rocha Moya a sus funciones es una decisión personal y que la responsabilidad de actuar corresponde a las autoridades de procuración de justicia. Esto resalta que las investigaciones en su contra, relacionadas con presuntos vínculos con el narcotráfico, continúan activas.
Rubén Rocha presentó su solicitud al Congreso de Sinaloa, argumentando que su decisión responde a la necesidad de priorizar el bienestar del estado y de México. La sesión extraordinaria del Congreso está programada para analizar esta nueva petición. Su gobierno, que concluirá en diciembre de 2027, se ve empañado por las acusaciones que se han hecho en su contra, siendo el foco de atención mediática y política.
Claudia Sheinbaum, presidenta del país, también ha cuestionado la situación, recordando que los intereses personales no deben estar por encima de los del pueblo. Resaltó la importancia de que los funcionarios públicos recuerden que sus cargos son temporales, pero la responsabilidad hacia la nación es permanente.
Por su parte, la Secretaría de Gobernación y el partido Morena han tratado de distanciarse de estas decisiones, enfatizando que no respaldan el regreso de Rocha Moya y que las investigaciones de la Fiscalía General de la República sobre él y otros exfuncionarios continúan vigentes.
La acusación realizada contra Rocha Moya y otros exfuncionarios por la Fiscalía de Distrito Sur de Nueva York implica supuestos acuerdos con grupos criminales para facilitar el tráfico de drogas a cambio de apoyo político. Esta situación ha generado inquietud y sigue siendo monitorizada por las autoridades tanto en México como en Estados Unidos.