Un juez de control ordenó la prisión preventiva de Guadalupe “N” por su presunta implicación en delitos de contrabando y delincuencia organizada, vinculados a la red de huachicol fiscal que involucra al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, y otros siete acusados, según informó la Fiscalía General de la República (FGR). Esta decisión afecta no solo a los involucrados, sino que resalta la lucha del Gobierno de México contra la corrupción y el narcotráfico, preocupaciones que afectan a la sociedad en su conjunto.
La defensa de Guadalupe “N” optó por acogerse a la duplicidad del término constitucional, lo que significó que permanecerá en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social Nezahualcóyotl Sur hasta que se determine su situación jurídica. La captura de la imputada tuvo lugar en la colonia Chapultepec Morales, en la alcaldía Miguel Hidalgo de Ciudad de México, y se realizó respetando sus derechos humanos.
Este caso es parte de una investigación más amplia que busca desarticular una red de contrabandistas ferroviarios. La FGR ha señalado que los integrantes de esta red alteraban los volúmenes de sus cargamentos y, en algunos casos, declaraban productos diferentes ante las autoridades para evadir impuestos. Hasta el momento, se han detenido a nueve personas, de las cuales ocho han sido vinculadas a proceso, mientras las investigaciones continúan por parte de la FGR para desmantelar completamente la estructura delictiva.
La investigación se originó tras el hallazgo en julio de 2025 de 33 ferrotanques abandonados en Coahuila, donde se confirmaron hidrocarburos en su interior. Con los datos recabados, la FGR ha logrado reconstruir el funcionamiento de una red que utilizaba empresas fachada, operadores logísticos, agentes aduanales y presunta complicidad de funcionarios públicos para introducir combustible al país mediante declaraciones aduaneras fraudulentas.
Además, el combustible ilegal era mezclado con productos legales para dificultar su identificación y distribución en el mercado. El caso está relacionado con Ingemar S.A. de C.V., investigada por irregularidades en sus operaciones. A final de julio, el exgobernador y los otros coacusados fueron vinculados a proceso por su probable participación en delitos graves que impactan la economía del país, con un daño al fisco que excede los 4 mil millones de pesos.