El colectivo Despenalizando la Palabra ha instado al Congreso de Nuevo León a que apruebe una reforma que deroga los delitos de injurias, calumnias y difamación del Código Penal estatal. Esta solicitud surge por la preocupación de que la vigencia de estos delitos criminaliza la libertad de expresión, un derecho fundamental para la sociedad.
En un comunicado, las organizaciones involucradas resaltaron que, a pesar de los avances en la legislación civil, la vía penal sigue activa, lo que limita la capacidad de las personas para expresarse libremente. En palabras del colectivo, el Congreso local tiene una “deuda con la libertad de expresión” y hace un llamado para que los legisladores cumplan con su compromiso de despenalizar la palabra.
Nuevo León es una de las pocas entidades en el país donde estos delitos se mantienen en el ámbito penal, lo que contrasta con estándares internacionales de derechos humanos y las decisiones emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A pesar de la eliminación de estas figuras en el Código Penal Federal desde 2007, el debate sobre su derogación en Nuevo León sigue sin cerrarse.
La continuidad de estos delitos repercute directamente en el ejercicio de derechos fundamentales, especialmente en el ámbito del periodismo y la defensa de derechos humanos. De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado, se han registrado más de 15 mil 400 expedientes relacionados con estos delitos, lo que indica un uso frecuente del marco penal en disputas relacionadas con el honor.
En abril de 2025, el Congreso local aprobó una reforma que trasladó controversias de este tipo al ámbito civil, pero las organizaciones han señalado que esto no es suficiente, dado que las figuras penales aún persisten. Exigen urgencia en la discusión y votación de la iniciativa pendiente.
La propuesta del colectivo incluye derogar los artículos que tipifican injurias, calumnias y difamación como delitos, así como reconocer el secreto profesional periodístico como un factor que exime de responsabilidad penal. También se proponen límites al Ministerio Público y al Poder Judicial respecto a casos de expresión pública.
El objetivo es garantizar que cualquier discusión sobre el honor se resuelva exclusivamente por la vía civil, acorde con estándares nacionales e internacionales. En este contexto, se recuerda que la libertad de expresión es un derecho que protege a cada persona que ha denunciado abusos o injusticias.
Finalmente, se invita a la ciudadanía a respaldar esta reforma firmando una petición pública, considerando que la presión social puede ser un motor clave para acelerar su discusión en el ámbito legislativo.