La Fiscalía General de Justicia del Estado de México ha ejercido acción penal contra seis individuos vinculados a la simulación de secuestro de la presidenta municipal de Tenancingo, Nancy Nápoles Pacheco. Este caso, que se remonta al 31 de mayo, no solo ha puesto en entredicho la seguridad de los funcionarios públicos, sino también la gestión de recursos públicos, al señalarse un posible desvío de 40 millones de pesos del erario municipal.
Hasta el momento, tres personas han sido arrestadas, incluyendo a una servidora pública, mientras que dos hombres, familiares cercanos de la alcaldesa, cuentan con órdenes de captura. La edil había denunciado haber sido forzada a subir a un vehículo fuera de su casa y presuntamente obligada a gestionar el pago de 40 millones de pesos a cambio de su liberación.
No obstante, las investigaciones de la Fiscalía han mostrado una narrativa diferente, sugiriendo que la situación podría haber sido orquestada por la misma alcaldesa y sus allegados, quienes habrían planificado el secuestro y el rescate para justificar el desfalco en el municipio, lo que representaría un grave daño a la administración pública.
Las indagatorias, que incluyen análisis de videograbaciones y entrevistas, revelan que no se observan signos de violencia durante el momento en que la alcaldesa subió al vehículo, lo que plantea preguntas sobre las circunstancias del suceso. La Fiscalía también indicó que el automóvil utilizado pertenecía a uno de los detenidos, y que los involucrados fueron localizados días después en Oaxaca.
En el desarrollo de la investigación, se ha documentado que la presidenta municipal tuvo comunicaciones telefónicas con su familia durante el supuesto secuestro, pidiendo que no se notificara a la policía. Las autoridades han establecido que la planificación del incidente comenzó en febrero, involucrando a su esposo y cuñado, quienes son considerados prófugos.
La audiencia de imputación para Nancy Nápoles está programada para el 9 de julio por el delito de simulación de secuestro, mientras que las indagatorias sobre el posible desvío de 40 millones de pesos continúan. Las personas involucradas en la simulación de secuestro podrían enfrentar penas de hasta 16 años de prisión.