La Coordinadora de MC en Guanajuato que ha hecho de la crítica una bandera terminó bajo cuestionamiento por un pago de más de $32 mil pesos con recursos públicos a un perfil vinculado a Movimiento Ciudadano por unos simples videos con motivo de su informe.
En política, la congruencia suele ser el primer discurso y, muchas veces, la primera víctima.
Ese es el caso de Yulma Rocha Aguilar, quien durante años ha construido una imagen pública basada en la “crítica, la fiscalización y el señalamiento constante hacia otros actores políticos por el “uso indebido de recursos públicos” . Sin embargo, ahora es ella quien enfrenta una pregunta incómoda: ¿por qué se pagaron $32 mil 959 pesos con dinero del Congreso de Guanajuato a Orlando Humerez Cuellar, identificado como Secretario de Comunicación Social de Movimiento Ciudadano, para servicios de video, grabación, comunicación y difusión digital?
La factura exhibe un punto delicado: el dinero no salió de una cuenta personal ni de un partido político, sino del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato. Es decir, recursos públicos destinados a una actividad de comunicación que, por su naturaleza, puede confundirse fácilmente con promoción política.
Y ahí está el problema de fondo.
No se trata únicamente de si el pago fue legal o no. Se trata de si fue ético, oportuno y congruente que una legisladora que suele exigir transparencia a los demás recurra a recursos del Congreso para pagar materiales audiovisuales vinculados a su imagen pública.
Porque una cosa es informar sobre el trabajo legislativo y otra muy distinta es utilizar el aparato público para fortalecer una narrativa personal y política.
El caso toma aún más relevancia por el contexto político de Yulma Rocha, quien ha tenido cercanía con Movimiento Ciudadano y que en el pasado incluso criticó públicamente a figuras de ese partido, como Samuel García. Hoy, el señalamiento regresa a ella: la crítica que antes lanzaba hacia afuera ahora se le voltea hacia adentro.