El asesinato del presidente municipal de San Miguel Amatitlán, Oaxaca, Joel Ángel Bravo Martínez, ha suscitado preocupación entre los ciudadanos, quienes temen por su seguridad en un contexto de creciente violencia. Bravo Martínez había expresado a las autoridades estatales su temor por su vida, solicitando protección antes de ser víctima de un ataque armado en la región Mixteca.
En un comunicado, el Partido Acción Nacional (PAN) reveló que el edil había planteado sus inquietudes al gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, durante una mesa regional de seguridad el 11 de mayo. En esta reunión, se comprometió a proporcionarle escoltas para reforzar su seguridad, sin embargo, estas medidas no se llevaron a cabo.
Además de la grave situación que enfrentaba, semanas antes del homicidio, Bravo Martínez fue víctima de un secuestro virtual y experimentó amenazas por parte de personas armadas, lo que motivó su solicitud de apoyo al Gobierno de Oaxaca.
El ataque que le costó la vida ocurrió tras una serie de disparos en la región. La Fiscalía General del Estado de Oaxaca ha activado protocolos de investigación para delitos de alto impacto y ha desplegado equipos de la Agencia Estatal de Investigaciones y del Instituto de Servicios Periciales para dar con los responsables. Están trabajando en coordinación con corporaciones estatales y federales para esclarecer el crimen.
El PAN ha exigido una investigación exhaustiva para que se castigue a quienes participaron en este acto violento y se aclare la falta de acción ante las advertencias que recibió Joel Bravo Martínez sobre su seguridad. La Fiscalía sigue adelante con indagatorias que incluyen trabajos ministeriales, periciales y de inteligencia operativa para establecer los detalles del ataque.