El Comité de Madres y Padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en 2014 ha hecho un llamado urgente a la Secretaría de Gobernación de México para revisar el avance de la investigación y evitar la criminalización de sus protestas. Estas familias, que buscan respuestas y justicia, enfrentan un camino difícil a medida que la memoria de sus seres queridos se alza en medio de la incertidumbre y el dolor.
En un comunicado dirigido a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, las familias reiteraron su petición de una reunión que incluya a la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia (CoVAJ) y la unidad especial del caso. Este encuentro no sustituiría a las reuniones regulares con la presidenta de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.
Los padres expresaron su preocupación por el aparente estancamiento de las investigaciones desde 2024, cuando se abandonaron algunas líneas de indagación críticas debido al descrédito de la “verdad histórica”, una versión oficial cuestionada que, según la CoVAJ, sirvió para encubrir responsables y ocultar el paradero de los normalistas.
El comité advirtió que estas indagatorias apuntaban a la participación de cuerpos de seguridad y funcionarios locales en el evento trágico del 26 de septiembre de 2014, cuando los estudiantes fueron detenidos en Iguala. Asimismo, solicitaron que se prioricen dos lugares clave: la comandancia de la policía municipal de Iguala y los sitios de Jardines del Sol y Laguna de Tuxpan, donde se cree que varios de los jóvenes pudieron haber sido llevados.
Además, pidieron la creación de una comisión de trabajo compuesta por cinco padres, cuatro asesores jurídicos, la CoVAJ y la unidad especial para analizar documentos militares y extraer información que facilite la judicialización del caso.
El comité exhortó a la Secretaría de Relaciones Exteriores a incluir en su diálogo con Estados Unidos la extradición de exfuncionarios vinculados a torturas y alteración de evidencia relacionada con las desapariciones. También solicitaron asistencia técnica internacional del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), al considerar que su trabajo fue clave para desafiar la narrativa oficial y abrir nuevas rutas investigativas.
Por último, pidieron con firmeza que no se criminalicen las protestas ni se amenace a los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, especialmente en el contexto de la próxima inauguración del Mundial de Fútbol 2026. “Nos mueve el amor a nuestros hijos”, afirmaron, insistiendo en que no tienen vínculos con la ultraderecha y solicitando que no se inicien investigaciones penales contra ellos.