En Hong Kong, el Tribunal de Apelación confirmó las sentencias contra activistas prodemocracia en el mayor juicio abierto bajo la Ley de Seguridad Nacional, rechazando recursos que buscaban anular condenas o reducir penas. La decisión tiene impacto directo en la política local y en la interpretación de la norma de seguridad en el territorio.
El tribunal desestimó los recursos presentados por una docena de acusados y ratificó la absolución de uno de los 47 procesados por conspiración para subvertir el poder estatal. La causa se ventiló como un juicio masivo en el que se analizaron acciones colectivas vinculadas a campañas electorales no oficiales.
Presidido por el juez Jeremy Poon, el órgano sostuvo que las elecciones alternativas se concibieron como un «arma letal» para obtener mayoría legislativa, vetar presupuestos y forzar la dimisión del jefe del Ejecutivo. El magistrado calificó el plan ideado por el exprofesor de Derecho Benny Tai como un «abuso de poder» prohibido por la Ley Básica y rechazó que su posible fracaso fuera atenuante ante la «volatilidad política» provocada por protestas masivas.
El esquema buscaba imponer las demandas del movimiento prodemocracia, entre ellas la retirada de una iniciativa de extradición, la revisión de la calificación de las protestas, la liberación de detenidos, una investigación independiente sobre la actuación policial y el sufragio universal. El tribunal entendió que esas acciones formaban parte de una conspiración con impacto institucional.
El fallo se pronunció en la sede judicial de West Kowloon, donde se desplegó un fuerte dispositivo de seguridad y estuvieron presentes diplomáticos occidentales. Los acusados mostraron calma en la sala y saludaron a familiares y simpatizantes tras la lectura.
El magistrado validó el desarrollo del juicio, compuesto por más de cien días de vistas, y rechazó alegaciones de excesiva intervención judicial; además subrayó el deber de los legisladores de ajustar el uso de fondos públicos al interés general. La Corte consideró acreditada la intención de paralizar el Legislativo mediante vetos presupuestarios.
En la primera instancia, tres jueces declararon culpables a catorce personas y otros treinta y uno admitieron cargos. Las penas impuestas variaron y alcanzaron hasta diez años de prisión para quien fue señalado como cabecilla; varios condenados ya han cumplido parte o la totalidad de sus sentencias.
Entre los apelantes figuran exlegisladores y activistas conocidos en la escena prodemocracia, incluidos nombres como Helena Wong, Lam Cheuk-ting, Raymond Chan, Leung Kwok-hung, Clarisse Yeung, Kalvin Ho, Tat Cheng, Gwyneth Ho, Owen Chow y Gordon Ng. También se informó que una procesada que había confesado no logró la reducción de su pena.
Durante las apelaciones se defendió que factores políticos debían considerarse en la fiscalización presupuestaria y se invocó la separación de poderes, argumentos que el tribunal consideró insuficientes para modificar las condenas. La resolución pone fin a una etapa procesal relevante en el marco de la aplicación de la ley de seguridad.
El caso ha generado críticas de gobiernos occidentales y de organizaciones de derechos humanos, que consideran la normativa un instrumento para acallar la disidencia. Las autoridades, por su parte, defienden que la ley ha servido para restablecer la estabilidad, mientras que críticos subrayan que amplía las penas y las facultades policiales y ha llevado a detenciones y disoluciones de organizaciones.
Fuente: contactonoticias.com.mx