Organizaciones que defienden la libertad de expresión han denunciado detenciones arbitrarias de periodistas en San Luis Potosí, en un contexto marcado por acusaciones de persecución política por parte del Gobierno del estado encabezado por Ricardo Gallardo Cardona. En un intervalo de menos de 48 horas, se documentaron tres arrestos y se emitieron órdenes de aprehensión contra al menos ocho personas, lo que plantea serias preocupaciones sobre la transparencia y el respeto al debido proceso.
Entre los detenidos se encuentra Christian Herrera, un creador de contenido de Ciudad Valles, además de Eréndira Reyes Aguillón y Alejandra Hermosillo, quienes están involucradas en labores periodísticas y en la función pública. Las organizaciones Artículo 19 México y Centroamérica, el Comité de Protección a Periodistas, y otras, han expresado su alarma ante estos actos, señalando que las detenciones se producen en un ambiente de violencia y opacidad judicial.
Se han reportado órdenes de aprehensión adicionales, que incluyen a Anahí Torres González, quien dirige diversos medios en la región. Estos casos podrían estar relacionados con la difusión de un video en redes sociales, en el que se mencionan vínculos entre el gobernador y el Cártel Jalisco Nueva Generación. Las organizaciones recalcan que la legalidad de estas acciones es cuestionable, dado que podría estar infringiendo el principio de no retroactividad de la ley, prohibido por la Constitución Mexicana.
La detención de Christian Herrera, ocurrida de manera violenta, ha suscitado preocupación por ser considerada arbitraria, ya que no se ha confirmado la razón legal de su arresto por las partes que denuncian el hecho. Asimismo, Eréndira Reyes fue detenida frente a sus nietos, generando confusión sobre su paradero y el de su hija, Alejandra Hermosillo. Ambas se hallan bajo prisión preventiva en un centro de reinserción social.
Las acusaciones que enfrenta Eréndira y Alejandra están relacionadas con el uso no autorizado de imagen y manipulación de identidad digital, en un contexto que pone de relieve el uso potencial de leyes ambiguas para atacar a comunicadores y activistas. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha manifestado su desacuerdo con esta legislación, derivando en acciones de inconstitucionalidad que aún están en proceso.