La reciente decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de negar un amparo que solicitaba la creación de una ley federal para atender el desplazamiento forzado interno afecta profundamente la vida de miles de mexicanos. Según cifras del Consejo Nacional de Litigio Estratégico (CNLE), alrededor de 390 mil personas han sufrido el desarraigo desde 2016, quedando en un estado de vulnerabilidad sin un marco normativo que les brinde protección.
El amparo, relacionado con el expediente 269/2025, denunciaba las omisiones legislativas y la falta de una institución especializada para atender a los desplazados. La SCJN, aunque reconoció la gravedad de la situación, argumentó que tanto la Constitución mexicana como la Convención Americana sobre Derechos Humanos no imponen una obligación expresa que permita exigir una ley en este ámbito por medio del juicio de amparo. Esto significa que no se puede obligar al Congreso de la Unión a legislar al respecto.
A pesar de la falta de acción judicial, la corte aclaró que esto no impide que el Legislativo actúe de manera independiente para abordar la problemática del desplazamiento forzado. Sin embargo, el camino legal para demandar dicha legislación está cerrado, lo que deja a las víctimas sin las herramientas necesarias para reclamar sus derechos.
Las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han sido ignoradas desde 2013, y la situación se agrava por el aumento del desplazamiento forzado, que ha crecido un 129% en 2024. El CNLE ha señalado que esta falta de respuesta institucional prolonga el sufrimiento de aquellos que han tenido que abandonar sus hogares, dejando un vacío que afecta su dignidad y seguridad.
La corte también mencionó que las recomendaciones de la CIDH, aunque importantes, no son mandatos jurídicos obligatorios. Esto contribuye a un ambiente de incertidumbre y desprotección para aquellos que ya llevan años enfrentando la crisis de desplazamiento en el país.