La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) ha destacado que el Paquete Económico 2027 limita severamente las oportunidades de crecimiento económico, lo que afecta directamente a las familias y negocios en el país. En un contexto donde el Gobierno de México recurre a financiar su gasto corriente mediante deuda, se deja de lado la inversión productiva, que es esencial para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos.
Aunque se prevé una reducción del déficit público, del 4.1% al 3.9% del producto interno bruto (PIB), este sigue siendo superior al 2.9% destinado a inversión pública. Esta situación refleja un presupuesto que no favorece la actividad económica, crucial para las comunidades y empresas que dependen del crecimiento y desarrollo nacional.
Coparmex, que representa a más de 36,000 empresas y es responsable del 30% del PIB, advirtió que la deuda pública podría alcanzar el 55% del PIB, marcando su nivel más alto desde 1990. A esta preocupación se suman los compromisos de pago de pensiones y otros gastos ineludibles, que podrían restringir aún más el margen de maniobra del Gobierno.
Ante estos desafíos, Coparmex ha instado a priorizar un presupuesto que sanee las finanzas públicas y fomente la inversión, así como a mejorar la eficiencia en el uso del gasto. La organización enfatiza que cada peso del presupuesto debe generar resultados palpables para la población, específicamente en áreas como seguridad, infraestructura, inversión y empleo formal.
Aunque la propuesta de aumento en las partidas para seguridad, educación y salud ha sido recibida con atención, Coparmex espera una evaluación más clara de estas asignaciones con la publicación del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2027. Además, ha considerado el nuevo rango de crecimiento del Gobierno, entre 1.5% y 2.5%, más creíble, aunque alerta que alcanzar las metas fiscales requerirá una expansión económica robusta y una mayor recaudación.
Finalmente, la organización propone la creación de un Consejo Fiscal Independiente que evalúe los supuestos macroeconómicos y promueva la transparencia en ajustes que protejan la inversión productiva y los servicios públicos esenciales, garantizando así un futuro más seguro y próspero para todos los mexicanos.