En una jornada de movilización del magisterio en Oaxaca, la comunidad educativa se encuentra consternada tras el hallazgo del profesor Lauro Arturo Morales Bautista, asesinado y con impactos de bala. Este trágico suceso, que afecta directamente a quienes valoran la seguridad en el entorno escolar, se suma a un clima de tensión entre docentes y autoridades.
Las autoridades confirmaron que el maestro, de alrededor de 40 años, docente de computación en la Escuela Secundaria Técnica Número 124, fue encontrado en una zona rural de El Zarzal, en el municipio de Santiago Jamiltepec. Su muerte, ocurrida en un momento crítico para el gremio, ha provocado que familiares y compañeros exijan justicia de manera urgente.
Equipos de la Vicefiscalía de la Costa acudieron al lugar para realizar las diligencias pertinentes, y el cuerpo fue entregado a sus seres queridos, quienes, a través de un homenaje póstumo en la escuela, han manifestado su reclamo por el esclarecimiento de los hechos. Hasta el momento, se desconoce el motivo detrás de este crimen y las autoridades no han reportado detenciones.
Este trágico evento complica aún más la situación de la Sección 22 de la CNTE, que ha sufrido la pérdida de al menos dos profesores en lo que va de esta lucha. Uno de ellos falleció mientras estaba en un plantón en la Ciudad de México, aumentando así la preocupación entre los docentes de la región.
Además, la comunidad recuerda el caso de Cutberto Hernández García, otro maestro asesinado en mayo del año anterior, quien también era parte activa de la lucha en Oaxaca. Este incremento en la violencia hacia educadores genera un impacto difícil de ignorar en la agenda educativa y social del estado.
La Sección 22 ha decidido continuar con las movilizaciones, llevando a cabo bloqueos en el Aeropuerto Internacional de Santa Cruz Xoxocotlán y en casetas de peaje, donde se ofrece libre acceso a los automovilistas. En una reciente asamblea, aproximadamente el 80 por ciento de los docentes participó en el plantón en el centro de Oaxaca, mientras que un 20 por ciento mantiene su lucha en la capital del país. La situación sigue siendo objeto de atención por parte de las autoridades, que deben responder a las exigencias de justicia de una comunidad que clama por la seguridad de sus educadores.