El reciente Festival del Día de Muertos, que tuvo lugar en la calle Subterránea de Guanajuato Capital, ha sido objeto de controversia tras el llamado del Observatorio Ciudadano de Guanajuato (OCG) a las instancias fiscalizadoras del estado para investigar irregularidades reportadas. El evento, catalogado como una fiesta descontrolada, ha generado inquietud tanto en la comunidad local como entre los comerciantes, quienes reportan pagos indebidos por la renta de mobiliario a una empresa sin contrato formal.
La empresa Custom Bajío, responsable de la logística, ha sido señalada por cobrar entre 4,500 y 6,500 pesos a los comerciantes sin que exista un marco contractual que respalde estas transacciones. Juan Antonio Valadez, exsíndico y tesorero municipal, expresó su preocupación por la falta de regulación en este proceso, lo que podría derivar en evasión fiscal y falta de rendición de cuentas.
Algunos comerciantes han manifestado su inconformidad, argumentando que los permisos otorgados para operar en la vía pública durante el festival no cumplen con las regulaciones establecidas. Carlos Arce Macías, otro representante del OCG, destacó que la normativa vigente exige consideraciones técnicas específicas y un proceso de solicitud personal que no se ha seguido adecuadamente en este caso.
La calle Subterránea, ubicada en una zona donde se restringe el comercio ambulante, se ha convertido en el epicentro de una serie de irregularidades que evidencian autorizaciones al margen de la ley. La falta de transparencia y las acciones discresionales han levantado alarmas sobre la gestión fiscal del municipio, especialmente en un evento que se supone debería promover la cultura y la economía local.
Las críticas no solo se limitan a la administración del festival. Armando Morales Reyes hizo un llamado a los aspirantes a la alcaldía para que se comprometan a una auditoría sobre la gestión del evento, en un intento por recuperar la esencia y autenticidad de las tradiciones que representa el Día de Muertos en Guanajuato.
El ambiente se ha complicado aún más con la denuncia presentada por un ciudadano ante la Fiscalía General del Estado, acusando actos de corrupción relacionados con la renta de mobiliario. Este llamado a la acción busca esclarecer cómo se están manejando los fondos y quiénes son los responsables de las irregularidades reportadas, enfatizando que la transparencia debe prevalecer en la administración pública.
La preocupación también se centra en la salud pública, ya que algunos asistentes han reportado malestar tras consumir alimentos en el evento. La Secretaría de Salud debe evaluar las condiciones de salubridad en la zona, sobre todo al presentarse filtraciones de agua y falta de higiene en los servicios instalados.
Este panorama complejo resalta la necesidad de un enfoque riguroso y transparente en la organización de eventos que conciernen a la identidad cultural y económica de Guanajuato, recordándonos la importancia de mantener la integridad de nuestras tradiciones y el bienestar de la comunidad.