En el corazón de Guanajuato Capital, la administración municipal ha generado inquietud tras la revelación de que la empresa Custom Bajío opera el “Túnel de Tradición” en la calle Subterránea sin un contrato formal. Este espacio, que forma parte de la octava edición del Festival de Día de Muertos, ha despertado críticas y requerimientos de claridad por parte de varios regidores y comerciantes locales. La falta de información sobre la organización del festival plantea interrogantes sobre cómo afecta la transparencia y los recursos que deberían beneficiar a la comunidad y al comercio local.
Los ediles de oposición han señalado la opacidad en la gestión del evento. Solicitarán a Denisse Michelini, la directora de Turismo, un informe explicativo sobre la decisión de privatizar el festival, una festividad que, de acuerdo con la alcaldesa Samantha Smith, debería ser manejada íntegramente por el municipio utilizando diversos recursos de la administración. Además, proponen la creación de un Patronato que supervise las actividades para prevenir posibles desvíos que perjudiquen a la comunidad.
Daniel Barrera Vázquez, regidor del PAN, expresó su sorpresa por enterarse a través de medios de comunicación sobre la situación. A pesar de no estar en desacuerdo con la participación de empresas privadas para la publicidad del festival, cuestiona la estructura de costos y el manejo financiero, sugiriendo que se formalicen los procedimientos y contratos para garantizar la transparencia.
La situación es similar para Olga Durán Torres del PT, quien ha recibido quejas de comerciantes que, al buscar espacios para participar, se han encontrado con la negativa de la dirección de Turismo. Durán pide claridad sobre los criterios de selección y la distribución de espacios, enfatizando que el festival debería priorizar a los negocios locales en lugar de permitir la participación de vendedores foráneos.
Liliana Preciado Zárate de Movimiento Ciudadano se sumó a las preocupaciones. Indicó que la falta de información es inquietante y requiere una investigación sobre cómo se involucró Custom Bajío en esta edición del festival. Ella destaca que todos los ingresos obtenidos deben beneficiar directamente a la administración y no a particulares, proporcionando un servicio más claro y accesible para la ciudadanía.
Carlos Arce Macías, del Observatorio Ciudadano de Guanajuato, advirtió sobre indicios de irregularidades en la gestión del evento, sugiriendo que podría haber un tráfico de influencias y que las condiciones actuales no benefician a la ciudadanía ni a los comerciantes locales, afectando incluso la movilidad en el centro de la ciudad.
Por su parte, María Fernanda Arellano de Morena criticó la falta de transparencia en la decisión de delegar la organización del festival a una empresa privada, sugiriendo que hay riesgos legales asociados a un posible desvío de recursos. Concentrarse en la rendición de cuentas y en saber a dónde van los fondos recaudados es esencial para evitar riesgos financieros en un entorno municipal ya vulnerable.
Gustavo Buck, director de Fiscalización, aclaró que su dependencia solo otorgó el permiso para el cierre de la calle Subterránea como parte del evento. La responsabilidad de los permisos recae en la Dirección de Turismo.
La comunidad aguarda respuestas más claras mientras se aproxima el festival, deseando que la celebración mantenga su esencia de unión y tradición sin verse empañada por preocupaciones administrativas.