La Guardia Civil ha adquirido una herramienta que permite registrar de manera remota los teléfonos móviles de personas bajo investigación, sin necesidad de incautar los dispositivos. Esta compra, detallada en un contrato publicado en el BOE, está destinada a facilitar el acceso a contenidos y comunicaciones de estos teléfonos, lo que podría cambiar la manera en que se llevan a cabo las investigaciones.
El sistema es compatible con dispositivos Android e iOS, lo que le permite instalar software en los móviles objeto de seguimiento y acceder a la información sin que el usuario lo detecte. Esto representa un avance significativo respecto al procedimiento tradicional, que requería la incautación física del dispositivo.
El contrato fue adjudicado a Fortier Europe, empresa con sede en Boadilla del Monte, por un importe de 2.066.115,70 euros antes de impuestos. Este acuerdo se llevó a cabo sin licitación pública, ya que el fabricante otorgó derechos exclusivos de suministro a esta compañía.
Sin embargo, la documentación proporcionada carece de detalles sobre el fabricante y las especificaciones del producto. No se menciona cómo se instalará el software ni si será necesario tener acceso físico al dispositivo, lo que plantea interrogantes sobre su funcionamiento.
Es importante destacar que el uso de esta herramienta está regulado por la Ley de Enjuiciamiento Criminal en España, que permite registros remotos únicamente con autorización judicial. Esto significa que la Guardia Civil no podrá acceder a cualquier teléfono sin la debida autorización, la cual es válida solo para delitos específicos, como terrorismo o delitos relacionados con organizaciones criminales.
La orden judicial debe detallar qué dispositivos serán examinados, el procedimiento para el acceso a datos y los agentes responsables. Este proceso tiene una duración máxima de un mes, prorrogable hasta tres meses.
Fortier Europe, fundada en 2011, ha estado involucrada en múltiples contratos con el Ministerio del Interior, acumulando un total de aproximadamente 15,6 millones de euros en contratos previos, incluyendo sistemas para localizar y extraer información de dispositivos móviles y soluciones de captura de audio y GPS.