La activación de un procedimiento por parte del Comité contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas representa una noticia trascendental para México, donde miles de familias padecen la angustia de la desaparición de sus seres queridos. Este caso será presentado ante la Asamblea General de la ONU, lo que podría abrir nuevas vías para la cooperación internacional en la búsqueda y protección de las víctimas de desapariciones forzadas.
El presidente del CED, Juan Pablo Albán, hará una exposición formal sobre este procedimiento en Nueva York. Este se relaciona con el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, el cual permite activar medidas excepcionales cuando un país no responde adecuadamente a la crisis de desapariciones. En abril, el Comité tomó esta decisión tras analizar evidencias de desapariciones sistemáticas en México, basándose en las solicitudes de organizaciones civiles.
En su presentación, Albán destacó que este procedimiento brinda una oportunidad invaluable para mejorar la búsqueda, investigación y esclarecimiento de la verdad, y para proteger a las familias afectadas. Sin embargo, el gobierno de Claudia Sheinbaum ha manifestado su descontento, considerando que el CED ha interpretado erróneamente el concepto de desaparición forzada. Aunque la administración no niega la crisis, ha ajustado la manera en que contabiliza a las personas desaparecidas, acción que ha despertado críticas entre los colectivos de búsqueda, que advierten sobre la falta de participación en estos cambios.
El CED fundamentó su decisión en un análisis exhaustivo, hallando “indicios bien fundados” de desapariciones generalizadas que podrían constituir crímenes de lesa humanidad. Esta evaluación incluyó datos críticos sobre desapariciones desde 2009 hasta 2023 en diferentes estados mexicanos.
La respuesta del gobierno destaca un interés en la cooperación internacional, pero rechaza lo que consideran un enfoque poco riguroso del CED. Sin embargo, Subrayaron la importancia de reconocer el dolor de las familias que buscan a sus seres queridos, mientras han presentado una nueva interpretación de los datos de desapariciones, indicando que sólo una fracción se clasifica como “sin actividad”.
El CED ha recomendado una serie de medidas para enfrentar la situación, instando a la cooperación técnica y apoyo internacional para la cifra de personas desaparecidas que sobrepasa las capacidades del Estado. Desde la sociedad civil, se considera este procedimiento como una oportunidad única para recibir apoyo técnico y financiero, vital para avanzar en la búsqueda de justicia.
En conclusión, este procedimiento no solo resalta la grave crisis de desapariciones en México, sino que también abre caminos esperanzadores hacia una colaboración estructurada que podría beneficiar a miles de familias que claman por justicia y verdad.