La reciente subida del 6,5% en la tarifa regulada de electricidad, que ha llevado el precio del PVPC a 148 €/MWh, ha generado controversias sobre los motivos detrás de este incremento. Aunque algunos medios han señalado que los sobrecostes aplicados por Red Eléctrica (REE) son responsables de parte de este aumento, la compañía ha desmentido esta afirmación en un comunicado, explicando que el aumento obedece a las restricciones técnicas necesarias para garantizar la seguridad del sistema eléctrico al menor coste posible.
La factura promedio ha incrementado en 15,03 €/MWh desde agosto. Según varios reportes, alrededor de 9,86 € de ese incremento se atribuyen a los sobrecostes de los servicios de ajuste que aplica Red Eléctrica mediante la “operación reforzada”. Sin embargo, la empresa aclara que no establece estos costes; dependen de múltiples factores, incluyendo los precios en el mercado mayorista, que han crecido un 21,4% en las últimas cuatro semanas, mientras que los costes de las restricciones técnicas han disminuido un 8,2%.
Los servicios de ajuste son mecanismos que permiten al operador del sistema corregir desvíos entre la previsión y la generación eléctrica real, garantizando así el suministro. Cuando la previsión falla —debido a variaciones en el viento o cambios en la demanda— Red Eléctrica debe intervenir pidiendo a las centrales eléctricas que ajusten su producción. Esta intervención puede incluir restricciones técnicas, necesarias para mantener la viabilidad física de la red.
Post- apagón del 28 de abril de 2025, Red Eléctrica implementó medidas más conservadoras, que involucran la programación masiva de centrales de ciclo combinado de gas. Esto ha implicado costes adicionales al sistema, aunque el impacto sobre el usuario se estima en tan solo 2 céntimos diarios para aquellos con un consumo medio anual de 300 kWh.
Los dos principales factores que explican la subida del precio de la luz son el incremento del 4% en el mercado mayorista y los costos asociados a los servicios de ajuste. La empresa sostiene que este costo es necesario para asegurar un suministro seguro, y aunque el término “sobrecoste” puede ser discutible, se reconoce que efectivamente hay un costo adicional para los consumidores en comparación con los precios previstos.
Además, las grandes empresas del sector eléctrico han expresado preocupaciones similares, exigiendo mayor transparencia por parte de Red Eléctrica y sugiriendo que los cargos regulados se incluyan en la parte fija del recibo, para evitar asumir el impacto temporalmente en contratos a precio fijo.