En Guadalajara, un creciente malestar social se manifiesta entre los habitantes de la colonia Atlas, quienes claman por agua limpia tras recibir, durante meses, un líquido contaminado y maloliente. La situación llevó a Carlos Alberto Sánchez y otros vecinos a organizar una protesta en el Parque Revolución, pero el evento se vio interrumpido por explosiones de petardos y bombas molotov lanzadas por un grupo ajeno a la marcha. Esta acción generó preocupación, ya que muchos manifestantes no querían ser asociados con actos violentos.
Laura Castellanos, una de las participantes, expresó su frustración por la situación del agua en su hogar, donde el líquido que sale de las llaves es inaceptable. Aunque deseaba avanzar hacia el Palacio de Gobierno para exigir soluciones, decidió priorizar la seguridad del grupo, permaneciendo atenta a las instrucciones de los organizadores mientras se hacían eco de consignas claras. Las protestas enfatizaban el derecho a un recurso vital como el agua.
A lo largo de la marcha, los participantes denunciaron que estos actos de provocación eran parte de una estrategia del Gobierno de Jalisco para desacreditar la protesta y desincentivar la movilización ciudadana. La marcha avanzó complicadamente, mientras los manifestantes identificaban a quienes intentaban generar caos. A pesar del ruido de los explosivos, los organizadores fomentaron la calma, dejando claro que no eran responsables de la violencia.
Al llegar a Palacio de Gobierno, el ambiente era de tensión y expectativa. Los gritos de “¡Fuera Lemus!” resonaban mientras el Secretario de Seguridad de Jalisco, Juan Pablo Hernández, leía un protocolo sobre el comportamiento adecuado de las fuerzas policiales durante manifestaciones. En un gesto inusual, algunos policías mostraron pancartas con mensajes de paz, clamando por no confrontar a los ciudadanos.
A lo largo de la manifestación, se escucharon explosiones que mantenían a la multitud en alerta. Algunos grupos individuales, inicialmente excluidos, continuaron causando destrozos en la zona, un hecho que generó inquietud sobre la falta de respuesta adecuada de las autoridades.
El académico Jorge Gastón, especialista en protestas sociales de la Universidad de Guadalajara, subrayó que estas acciones indican un patrón conocido en el que el Estado busca deslegitimar las manifestaciones. Aparentemente, alrededor de diez mil personas participaron en la protesta, y se identificó un grupo de al menos cincuenta provocadores que intentaron alterar el orden del evento. La disponibilidad de teléfonos móviles permitió documentar y difundir evidencia de estos eventos en tiempo real, contrastando la narrativa oficial y resaltando el descontento ciudadano por el acceso a un recurso básico como el agua.