En una reciente denuncia colectiva, diez trabajadoras de la clínica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en Guanajuato Capital han puesto de manifiesto la violencia en su entorno laboral, generando un fuerte llamado a la acción por parte de los diputados federales Éctor Jaime Ramírez Barba y Antares Guadalupe Vázquez Alatorre. Ambos legisladores han solicitado que se erradique la impunidad y se atiendan estas quejas desde su raíz, destacando el impacto que este tipo de situaciones tiene en la vida laboral y el compromiso que Guanajuato tiene con la seguridad y bienestar de todas sus trabajadoras.
Ramírez Barba, miembro de la Comisión de Salud, expresó que reubicar a los agresores no representa una solución efectiva, sino un mero paliativo que ignora la gravedad del problema. Resaltó que la violencia, en cualquiera de sus formas, debe ser erradicada y recalcó que mover a un presunto agresor solo expone a más personas a posibles actitudes violentas en un nuevo entorno laboral.
Las autoridades, incluyendo el director del hospital y los organismos internos de control, fueron instadas a actuar de manera expedita para garantizar un ambiente seguro para las trabajadoras. El diputado insistió en que existe recurso legal para las afectadas, quienes pueden recurrir a la Procuraduría de Derechos Humanos.
Por su parte, Vázquez Alatorre calificó esta situación como un problema estructural profundamente enraizado en la cultura patriarcal. Lamentó que a pesar de los avances en la legislación, muchas mujeres continúan enfrentándose a la minimización de sus denuncias. Hizo hincapié en la necesidad de que se crean sus testimonios y se sancione a los responsables de acuerdo con los procedimientos debidos, sin ocultar la gravedad del tema.
Vázquez también hizo un llamado a los hombres, indicando que la responsabilidad de combatir la violencia de género no recae únicamente en quienes agreden, sino que es crucial que los hombres se involucren activamente. Pidió que se rompa el ciclo de violencia, destacando que la complicidad de quienes desacreditan las denuncias también perpetúa esta problemática.
Las autoridades del ISSSTE nacional han sido contactadas para ofrecer una respuesta sobre la situación, pero hasta el momento no se ha recibido pronunciamiento oficial. La comunidad guanajuatense observa atentos a la evolución de estos hechos, que no solo afectan a las trabajadoras, sino que también reflejan desafíos más amplios en la lucha por la igualdad y la seguridad en el ámbito laboral y social.