En Japón, la vida de muchos padres se ha visto marcada por el dolor de la separación y el divorcio, una situación que John Deng conoce muy bien. Este padre de dos niños, que reside en Tokio, lamenta la pérdida de momentos cotidianos con sus hijos tras el final de su matrimonio. Su expareja se llevó a los niños de manera repentina, dejándolo con un profundo vacío. La realidad de Deng no es única en un país donde el sistema legal ha permitido históricamente que, tras un divorcio, uno de los progenitores pierda todo contacto con su hijo.
Bajo el antiguo marco de custodia exclusiva, solo uno de los padres mantenía derechos tras la separación, lo que ha resultado en un sufrimiento prolongado para muchos familiares. Sin embargo, un cambio significativo se vislumbra en el horizonte. A partir del 1 de abril de 2026, una reforma histórica en el Código Civil permitirá a las parejas divorciadas compartir la custodia de sus hijos, alineando a Japón con otros países del G7 que ya reconocen este derecho.
Esta reforma, aprobada por el Parlamento japonés en 2024, se presenta como un paso crucial hacia el reconocimiento del bienestar infantil. Seiya Saito, un abogado especializado en derecho familiar, resalta que distintas naciones han entendido que el enfoque debe centrarse en el bienestar de los niños, y no en una competencia entre padres. Aún así, la transición hacia un nuevo modelo de custodia no está exenta de controversias. Grupos que abogan por los derechos de las mujeres expresan preocupaciones, citando el temor de que la custodia compartida pueda exponer a las víctimas de violencia doméstica a un mayor riesgo.
Con aproximadamente el 38,5% de los matrimonios en Japón concluyendo en divorcio en 2024, la estatística se traduce en más de 164,000 menores afectados por acuerdos de custodia. La nueva ley busca reconocer que los niños suelen beneficiarse de mantener relaciones con ambos progenitores, al tiempo que busca equilibrar la responsabilidad parental.
Sin embargo, esta legislación ha despertado temores entre aquellas familias con antecedentes de violencia. Ryo, una madre que ha sufrido abuso, expresa su ansiedad sobre cómo este cambio podría afectar su situación. La incertidumbre es palpable entre quienes han sido víctimas de abuso, que sienten que la nueva ley no garantiza suficiente protección. A pesar de la posibilidad de un cambio positivo, el desafío radica en equilibrar la creación de vínculos parentales con la necesidad de proteger a los más vulnerables.
Mientras tanto, John Deng sostiene la esperanza de que, con la nueva normativa, podrá recuperar el tiempo perdido y reestablecer el vínculo con sus hijos. La reforma sugiere un nuevo capítulo en la vida familiar japonesa, uno que podría ofrecer más espacio para la reconciliación y la conexión en medio de la ruptura.
