El debate sobre el abasto de medicamentos en Guanajuato ha dejado de ser un asunto de salud pública para convertirse en un botín político. Los diputados locales de Morena han encontrado en el tema una plataforma de golpeteo, ignorando en el proceso una regla básica de la fiscalización: el que acusa, debería tener la casa limpia.
Lo verdaderamente preocupante no es que se exija transparencia —una demanda siempre legítima y necesaria—, sino la ligereza y el dolo con el que se interpretan los procesos institucionales. Las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) son, por definición técnica, solicitudes de aclaración dentro de un proceso en curso; no son sentencias firmes ni acreditan en automático un daño patrimonial. Sin embargo, en el discurso legislativo, estas sutilezas desaparecen para construir narrativas de escándalo y erigir tribunales mediáticos antes de que concluyan las auditorías.
El problema de esta estridencia y de su tono de superioridad moral es que no resisten la prueba del espejo. Si el estándar de pureza será la ASF, el análisis debe ser parejo. Y es ahí donde el discurso guinda se resquebraja.
A nivel federal, en las estructuras directamente operadas por la autodenominada Cuarta Transformación, las anomalías no solo superan con creces los montos locales, sino que exhiben fallas estructurales mucho más graves.
Hablamos del caso Birmex, que arrastra más de 1,044 millones de pesos pendientes por aclarar, con expedientes que documentan desde pagos sin respaldo hasta la entrega de medicamentos caducos. Hablamos del extinto Insabi, donde la ASF detectó irregularidades por 651 millones de pesos en un periodo crítico donde apenas se logró entregar el 5.1% de los fármacos oncológicos demandados. Hablamos de Veracruz, bastión del oficialismo, con un boquete financiero por aclarar que supera los 730 millones.
En suma, estamos ante más de 2,500 millones de pesos en la opacidad institucional, a lo que habría que sumarle un proceso federal de compra consolidada anulado por cerca de 13 mil millones. Frente a este desastre administrativo, el tono de los legisladores cambia radicalmente. El escándalo se vuelve silencio; la condena inmediata se transforma en matiz y justificación.
Esta diferencia no es técnica, es profundamente política y evidencia un uso selectivo de la rendición de cuentas: implacables hacia afuera, pero condescendientes hacia adentro.
La narrativa pierde aún más sustento cuando intentan satanizar a proveedores específicos, como DIMESA o PHARMAJAL, presentándolos como un fenómeno exclusivo de Guanajuato, omitiendo convenientemente que estas empresas son contratistas habituales en estados gobernados por su propio partido.
Aquí es donde el papel de diputados como Hades Aguilar y David Mendizábal resulta cuestionable. Su actuación en tribuna se reduce a ser cajas de resonancia de una lógica federal: amplificar los procesos en curso cuando conviene golpear al adversario, y minimizar el desastre cuando las irregularidades manchan al propio proyecto.
Cuando la transparencia se aplica a conveniencia, deja de ser un mecanismo de control institucional para convertirse en una simple herramienta de golpeteo. No es un tema de ser gobierno u oposición, es un tema de consistencia elemental. Y en política, esa falta de congruencia tiene nombre. Tarde o temprano, también tiene costo.
Por Mario Villegas